AI denuncia el aumento de los ataques con armas químicas contra civiles por parte del Gobierno en Siria

Según varios informes, el Ejército sirio ha llevado a cabo tres ataques químicos contra los rebeldes en el norte de Siria en las últimas dos semanas, lo que ha provocado la muerte de cuatro personas y ha dejado al menos 60 afectados en Alepo, la mayoría niños, que han presentado síntomas de haber inhalado gas de cloro.

"Este nuevo ataque supone otra flagrante violación del derecho internacional y muestra un claro patrón en el uso de armas químicas por parte del régimen", ha indicado Magdalena Mughrabi, subdirectora del programa de AI para Oriente Próximo y el norte de África.

El último ataque se ha producido después de que Rusia anunciara un alto el fuego diario de tres horas en Alepo como parte de una serie de medidas humanitarias establecidas en determinadas zonas de la ciudad.

"Hacemos un llamamiento a las fuerzas enfrentadas para que dejen de atacar a civiles en Alepo. Es muy importante que los ataques químicos y otros crímenes de guerra se acaben cuanto antes y que se facilite el acceso a las ayudas por parte de los miles de personas que se encuentran atrapadas en la ciudad", ha señalado Mughrabi.

"Tres horas de alto el fuego no es suficiente dada la magnitud de la crisis humanitaria", ha añadido Mughrabi. Según fuentes médicas, 40 de los afectados en Alepo son niños. "Todos presentan los mismos síntomas: tosen y tienen dificultades para respirar. La ropa huele a cloro. Si los ataques siguen produciéndose con tanta frecuencia nos quedaremos sin material médico", ha aseverado un médico que trabaja en la zona.

En julio, el Ejército cercó la zona del este de Alepo, que se encontraba en manos de los rebeldes desde 2012. El asedio dejó sin acceso a alimentos básicos a unas 250.000 personas, según ha denunciado AI. Dos bombas de barril con gas de cloro fueron utilizadas en agosto para atacar la ciudad de Saraqeb, en la provincia de Idleb, hiriendo a 28 civiles.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2015 una resolución para establecer un mecanismo de investigación sobre el uso de armas químicas en Siria. La Convención de Armas Químicas prohibió el desarrollo, producción, distribución y uso de armas químicas y ha exigido a las partes implicadas en el conflicto a destruir sus reservas, estableciendo que el uso de las mismas supone un crimen de guerra.

Tras la muerte de cientos de personas en Damasco en un ataque con gas sarín en septiembre de 2013, el presidente de Siria, Bashar al Assad, se comprometió a destruir el arsenal. Sin embargo, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha hallado pruebas sobre el uso de tóxicos de forma "sistemática y repetida" en áreas del norte de Siria.