AI reclama a Venezuela el fin de las operaciones especiales por abusos de los DDHH

"Las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", ha dicho AI en una declaración pública.

La organización humanitaria ha señalado en concreto el caso de la desaparición de 12 jóvenes el 15 de octubre en Barlovento, en el marco de la nueva fase de las OLP, cuyos cadáveres fueron hallados el pasado lunes en fosas comunes.

Para la ONG, "los acontecimientos suscitados en Barlovento son solo una muestra más del cúmulo de crímenes de Derecho Internacional y violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en el marco de estas operaciones desde que empezaron a aplicarse, hace más de un año".

Amnistía ha recordado que, según datos del Ministerio de Justicia, "al mes de iniciarse las OLP 52 civiles habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", mientras que "la impunidad de los crímenes de Derecho Internacional y las violaciones de Derechos Humanos se ha expandido": solo el tres por ciento de las denuncias llevaron a una imputación, de acuerdo con la Fiscalía General.

AI ha valorado "la disposición de las autoridades a condenar y actuar tras localizar los cuerpos de los 12 jóvenes desaparecidos (...) y espera que tales declaraciones se traduzcan en acciones concretas, tanto para la sanción de los responsables con estricto apego al debido proceso, como respecto del resarcimiento y la protección de familiares y testigos".

Sin embargo, ha subrayado que "el castigo a esos crímenes y violaciones no exime al Estado venezolano de su responsabilidad al promover planes inadecuados que, con el pretendido objetivo de disminuir los alarmantes índices de violencia que se viven en el país, derivan en aún más violaciones a los Derechos Humanos".

"La aplicación de las OLP debe cesar de inmediato y deben ser desarrollados planes de seguridad ciudadana integrales, respetuosos de los Derechos Humanos, con una amplia y plural participación de la sociedad civil" y el asesoramiento de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, ha urgido.