ACNUR aplaude la decisión de Kenia de aplazar seis meses el cierre del campamento de Dadaab

En su comunicado, el organismo ha destacado que "Kenia ha acogido con generosidad y ha protegido a los refugiados somalíes durante muchos años", expresando su satisfacción con que "esta siga siendo su posición".

Así, ha agregado que aplaude "el compromiso de Kenia con un regreso voluntario, humano, seguro y digno" de los refugiados somalíes al país, recalcando que "la voluntariedad del retorno es clave".

"ACNUR ha estado involucrado en la búsqueda de soluciones a largo plazo para la situación en Dadaab desde hace años", ha recordado, pidiendo a Kenia "flexibilidad" en el marco temporal para el desarrollo del plan de cierre del campamento.

"Los plazos rígidos son difíciles de cumplir", ha manifestado, al tiempo que ha insistido los refugiados "deben estar adecuadamente informados para tomar una decisión libre de presiones" sobre su regreso a Somalia.

Así, ha cifrado en 283.558 los refugiados registrados en Dadaab durante el último proceso de verificación, llevado a cabo entre julio y agosto, una cifra inferior en 58.000 a la anterior.

ACNUR ha detallado que además localizó a 40.500 personas que tienen o han pedido documentos de identidad kenianos, mientras que otros 16.000 están en proceso de ser trasladados a terceros países.

Nairobi había prometido cerrar Dadaab a finales de noviembre, afirmando que el campo estaba siendo usado por los milicianos islamistas de Al Shabaab de la vecina Somalia para lanzar ataques en suelo keniano.

"El Gobierno ha aceptado la petición de ampliar el plazo para completar la repatriación de los refugiados somalíes y esto es esencial para el cierre del campo de refugiados de Dadaab, otros seis meses", ha anunciado el ministro del Interior, Joseph Ole Nkaissery.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos habían criticado la decisión, subrayando que perjudicaría a los somalíes que huyen de la violencia y la pobreza en su país, acusando a Nairobi de enviar a la fuerza de vuelta a la gente a una zona de guerra, algo que el Gobierno ha negado.

Según un sondeo publicado en octubre por Médicos Sin Fronteras (MSF), el 86 por ciento de los residentes en el campamento están en contra de su repatriación forzosa, asegurando que temen ser víctimas de violencia sexual y reclutamiento forzoso.