Una testigo confirma que su padre prestó 600.000 euros al empresario que sufragó la sede balear del PP

Tal y como han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, la declarante, funcionaria de la Administración del Estado, se ha reafirmado así en la comparecencia que llevó a cabo hace más de un año en dependencias policiales, donde llegó a señalar que, puesto que los fondos transferidos no figuraban en la contabilidad de Bruesa, "sería para hacer cosas en negro". Junto a ella también ha declarado como testigo el abogado de su padre.

La testigo puso de manifiesto en Policía que su progenitor -ya fallecido- y Pinal "eran amigos desde siempre" y sus relaciones mercantiles "se remontaban mucho tiempo atrás".

Por su parte, el que fue abogado de Pérez, ha manifestado en esta causa que tanto verbalmente como mediante correos electrónicos el promotor puso en su conocimiento que el contrato de préstamo era una simulación a efectos de garantizar que Pinal hiciera frente en el futuro de las obligaciones económicas que pudieran derivarse de una promoción inmobiliaria que impulsó Pérez en la Costa de los Pinos.

Varios oficios de la Policía Nacional, cuyo secreto levantó recientemente el instructor en el marco de la pieza 28 del caso Palma Arena, señalan que Pérez llevó a cabo la operativa de préstamo el 21 de julio de 2004, cuando sacó el dinero en efectivo de una oficina de Sa Nostra y procedió a llevarlo en una mochila a otra sucursal de la misma entidad en el Polígono Son Fuster para ingresarlo de forma fraccionada en la cuenta de Bruesa.

La Policía hace constar además que la directora de esta última oficina, en base a la declaración efectuada en la Jefatura Superior por la hija de Pérez, era "una tal Marga", mujer del que fuera diputado del PP en el Parlament Joan Huguet.

En uno de sus oficios, el Grupo de Delincuencia Económica hace hincapié en el hecho de que la cantidad prestada prácticamente coincida con los 602.067 euros a los que ascendió el precio abonado por la sede del PP (511.539 euros), más los gastos de tramitación (79.620) y de constitución del préstamo hipotecario (10.907).

De hecho, entre la documentación manejada por los agentes figura la escritura de compraventa otorgada a favor del PP, en cuyo nombre actuaban su exsecretario general José María Rodríguez y su extesorero y cuñado de Matas, Fernando Areal y en la que constaba cómo 60.101 euros fueron abonados en efectivo, mientras que los 451.438 restantes fueron aplazados y abonados mediante dos cheques bancarios nominativos.

Los investigadores apuntan a que los pagos para la reforma de la sede corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas (2003-2007).

La Policía recuerda además cómo el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos explicó en un escrito ante el juez que Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida porque, según le transmitió, "has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente desde el principio lo que pensabas sin engañarme, y que el proyecto tal cual no se podía ejecutar". Eso le costó al empresario, concluyó De Santos, el pago de la sede del partido.

Más en concreto, De Santos se refería al hecho de que Pinal ayudó en la compra del inmueble del PP a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets. Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto y que para ello debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de este departamento.

AUTORIZACIÓN FIRMADA POR JOAN MESQUIDA

De Santos relató, en el mismo escrito, que Matas le llamó más adelante para que acudiera a su despacho en el marco de estos hechos y al llegar, en lugar del expresidente estaba Pinal, que le dio una carta con la autorización del Ministerio, firmada por quien entonces era director general de Infraestructuras de Defensa, el mallorquín Joan Mesquida.

Por su parte, el extesorero del PP Luis Bárcenas explicó posteriormente la realidad de las aportaciones realizadas por Pinal y otros empresarios en relación a la sede, "pero no respecto a la reforma, sino a la compra de la misma, todo ello con el conocimiento del tesorero nacional Álvaro Lapuerta", según el oficio de la Policía.

Castro abrió en febrero del pasado año esta línea de investigación con el objetivo de indagar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la adquisición de su sede. Desde hace más de seis años el juez se encuentra volcado en esclarecer si varias empresas financiaron de forma irregular las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.