El sucesor de Benjumea sobre su salida: "No iba a abandonar a menos que lo sacaran por la fuerza"

El catedrático José Domínguez Abascal, que sucedió a Felipe Benjumea en la presidencia de Abengoa, ha asegurado este viernes en una nueva sesión de vista oral contra la excúpula del grupo sevillano por las indemnizaciones millonarias, que "no estaba en el ADN" del acusado dejar la compañía y que no iba a abandonarla "a menos que lo sacaran por la fuerza".

"Quien crea que Benjumea estaba pensando irse por voluntad propia no le conoce. No iba a abandonar a menos que lo sacaran de allí de alguna manera por la fuerza. No está en el ADN de Benjumea dejar Abengoa", ha dicho Domínguez al ser preguntado en calidad de testigo por su conocimiento en los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional.

Ese cese como presidente, ha dicho, se produjo el 23 de septiembre de 2015 como condición expuesta por el Banco Santander, una de las entidades que iba a participar en la operación financiera de ampliación de capital de Abengoa, que finalmente no se produjo. Según ha explicado, entre el 14 de septiembre, cuando el presidente del Santander España, Rodrigo Echenique, expuso esta condición y el día 23 la situación fue "inestable" y de un "impasse" en el que no se sabía qué iba a pasar.

"La sensación que daba es que las entidades financieras no eran unánimes acerca de las condiciones y no sabíamos cuál iba a ser finalmente su posición", ha dicho el sucesor de Benjumea, que fue informado acerca de las exigencias del banco por Antonio Fornieles, miembro del Consejo de Administración y también acusado en el procedimiento.

Ante la incertidumbre generada, el propio Bejumea le preguntó a Domínguez, en ese momento secretario general técnico de la compañía, si le sucedería al frente de la presidencia y éste le respondió que no entraba en sus cálculos. No obstante finalmente acabó accediendo y pidió contar "con el conocimiento" de su antecesor en este momento de transición.

DEUDA DE 10.000 MILLONES

De este modo Benjumea siguió vinculado a la empresa mediante un contrato de prestación de servicios con el mismo sueldo que tenía como presidente pero que no percibió, según dijo él mismo en su declaración ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El fiscal del caso, José Perals, acusa a Benjumea y al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega de haber simulado su cese ocultando una renuncia voluntaria para cumplir así las condiciones acordadas en los nuevos contratos de la alta dirección y cobrar las indemnizaciones.

El Ministerio Público les atribuye delito de administración desleal y pide cinco años de cárcel para Benjumea, que percibió cerca de 11,5 millones de euros, y cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega, a quien le fueron devengados 4,5 millones tras su salida de Abengoa. La acusación también se dirige contra tres miembros de la Comisión de Nombramientos que informaron favorablemente del cese de los exdirectivos.

En relación a la situación económica del grupo sevillano, el catedrático ha explicado que la deuda en aquellos momentos oscilaba entre los 9.000 y 10.000 millones de euros, de ahí la necesidad de que saliera adelante la operación financiera. "Aquello era un poco entre todos la mataron y ella sola se murió. Los bancos decían que iban a aprobar la ampliación con la boca chica, todos los días había una dificultad", ha dicho en repuesta a la pregunta de por qué se frustró la firma.

También en calidad de testigo se había citado para esta quinta jornada de juicio a Javier Benjumea, hermano de Felipe Benjumea, quien se ha acogido a su derecho a no declarar, posibilidad que le ha ofrecido la magistrada presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Al acudir como testigo está obligado a contestar a todas las preguntas y decir verdad pero su condición de parentesco con el principal acusado le permite guardar silencio.

ACCIONISTA: "ESTÁBAMOS EN UNA RATONERA"

Por su parte, Ignacio Gutiérrez, alto directivo del Citi ha explicado que integró el equipo que trabajaba directamente con Abengoa desde julio de 2015 a raíz de la publicación de unos resultados del grupo correspondientes a esas fechas y que supusieron una "quiebra de confianza" del banco porque esperaban mayor flujo de caja y menor apalancamiento.

Según su relato, fue en ese momento cuando la compañía anunció la ampliación de capital, hecho que motivó que una comisión del banco viajara a Sevilla para estudiar la situación, si bien no convenció a la entidad. "El banco nunca autorizó estar en esa operación. Nuestra posición en esto fue desvaneciéndose y nunca llegamos a comprometernos ni a decir que íbamos a participar", ha dicho.

El tribunal también ha tomado declaración a un accionista perjudicado después de que en noviembre de 2015 la compañía andaluza se acogiera a preconcurso de acreedores. "La acción se desplomó, nunca más nos cogieron el teléfono, estábamos en una ratonera y habíamos perdido el dinero", ha explicado el accionista que a finales de 2015 perdió el 90 por ciento de su inversión.