Una veintena de saharauis se encadenan de forma simbólica en Madrid en rechazo a las condenas de presos políticos

Según informa estas organizaciones, el Tribunal de Apelación del municipio marroquí de Salé ha condenado recientemente a una veintena de presos políticos a penas que van desde los siete años hasta la cadena perpetua. En 2010, refugiados saharauis erigieron sus haimas --tiendas de campaña-- a pocos kilómetros de la capital, El Aaiún, creando el campamento 'Dignidad' (Gdeim Izik).

El Gobierno marroquí ordenó su desmantelamiento y se provocaron enfrentamientos que se saldaron con 11 gendarmes marroquíes y 2 saharauis fallecidos, y varias detenciones.

El presidente de CEAS-Sahara, José Taboada, ha explicado a Europa Press que la concentración de este jueves en Sol ha sido en apoyo a jóvenes "brutalmente condenados".

"Es una vergüenza que este tribunal ilegal haya utilizado declaraciones obtenidas bajo tortura", ha recordado, en referencia a las críticas de observadores internacionales que aseguraron que se había empleado violencia durante interrogatorios.

La sentencia del Tribunal de Apelación anula un fallo previo del Tribunal Supremo marroquí, que respaldó el dictamen en primera instancia de un Tribunal Militar. Taboada ha lamentado que se hable "tan poco" de los presos políticos saharauis, "en comparación con los presos políticos de Venezuela".

"El Sáhara occidental es un territorio a 90 millas de territorio español, a 90 millas de las Islas Canarias", ha recordado, y ha aludido a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero a que "además de tanto ir a Venezuela, vayan al Sáhara".

La convocatoria de CEAS ha tenido lugar esta tarde y se ha replicado en otras capitales españolas. La organización, a través de un comunicado, ha defendido que frente a la "escalofriante indiferencia, injusticia y desafío a la Comunidad" por parte del Tribunal marroquí, "no se puede mirar a otro lado".

"España sigue siendo la potencia administradora del territorio y tiene una deuda moral, política, jurídica e histórica con el pueblo saharaui por lo que el Gobierno y todas las fuerzas políticas deben exigir que se cumpla la legalidad internacional y se anulen unas sentencias impuestas por un Tribunal sin competencias y en un proceso repleto de irregularidades", ha insistido.