Los jueces decanos reclaman "mayor contundencia" del CGPJ ante "los ataques" a la independencia judicial

La jueza decana de Barcelona, Mercedes Caso, ha sido la encargada de exponer en rueda de prensa las conclusiones alcanzadas en la 26 reunión de jueces decanos de España, celebradas en Málaga, en lo relativo a las nueve propuestas elaboradas para eliminar la apariencia de politización de la justicia.

Al respecto, ha dicho que no se trata de defender "nuestros concretos sentimientos y emociones dañadas, que también lo están", sino defender la independencia del poder judicial "frente a esos ataques claramente dirigidos a menoscabar la percepción de la sociedad de nuestra función imparcial e independiente".

Han querido trasladar un primer mensaje a la ciudadanía y es que los jueces y magistrados ejercen "con plena independencia y eso vale tanto para la compañera que lleva el concurso de una gran empresa, el compañero que lleva el divorcio de los poderosos como a todos los instructores que llevan complejos asuntos de corrupción".

"Somos independientes y ejercemos nuestra función cumpliendo con el mandato constitucional de aplicar la ley y dando una respuesta motivada en derecho, no tenemos presiones y vamos a seguir cumpliendo con ese mandato", ha dicho Caso, aunque ha reconocido que la sociedad "tiene la percepción de la politización de la justicia" y por ello es preciso "reforzar la confianza en el sistema judicial y sus órganos de gobierno".

En las conclusiones se precisa que el proceso penal debe quedar "al margen de cualquier tipo de instrumentalización" y para ello consideran necesario "zanjar el debate sobre la incidencia de la imputación en los cargos públicos cuya indefinición genera mucha confusión y debates estériles pero muy dañinos ya que en la mayoría de los casos son utilizados políticamente". "El debate político debe tener lugar fuera de los tribunales", señalan en el documento.

"La instrumentalización de los asuntos que están en los tribunales nunca sale a cuenta porque se daña a las instituciones y la percepción de la sociedad es de mayor desconfianza hacia los políticos y no queremos que eso afecte al sentir y actuar de nuestros tribunales", ha señalado.

CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DE VOCALES

Los jueces decanos quieren un órgano de gobierno, pero defienden "que sea y que parezca ajeno a cualquier influencia política", para lo que consideran necesaria una modificación del sistema de elección de los vocales, pidiendo que sean designados "mediante una elección libre, igual, directa y secreta" por parte de todos los jueces que ejercen.

Ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso 'Nunes contra Portugal' y condenó a dicho país, además de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa "envía el mismo mensaje a España" y que el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) "ha afeado la conducta por no seguir estas recomendaciones" de fortalecimiento de la independencia judicial.

La jueza decana de Barcelona ha dicho que estando a las puertas de una nueva etapa legislativa "es ahora momento de asumir ese cambio", porque, ha dicho, "queremos un Consejo que pueda decidir y ejercer sus funciones sin que en ningún caso quede bajo la sospecha de una injerencia política".

Por esto también, proponen que las presidencias de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales sean elegidas por los propios jueces del ámbito territorial "porque así nos eligen a nosotros y funciona". Al respecto, en las conclusiones también se incluye la supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los parlamentos de las comunidades autónomas.

Y esto, "no sólo por tratarse de una rechazable forma de designación política de los magistrados, sino porque además dichos magistrados una vez destinados en los tribunales superiores de justicia son potencialmente los jueces encargados de enjuiciar a los aforados que les han nombrado", lo que coloca a esos tribunales "en una situación de sospecha absolutamente intolerable".

Otro planteamiento hecho por los jueces decanos es la independencia económica del poder judicial porque "no tiene sentido que nuestros órganos avalen determinadas medidas de refuerzo que quedan al albur de las conveniencias o percepciones de las distintas administraciones competentes".

También consideran necesaria una reducción de los aforamientos, que actualmente alcanzan un número "absolutamente increíble"; al estimar que "perjudican, perturban y cuestionan el recorrido ya muchas veces complejo de una investigación", así como suprimir ciertos privilegios recogidos en la ley que eximen a determinadas autoridades o personalidades políticas de su obligación de comparecer ante el juez.

Asimismo, apuestan por una regulación "más clara" de los tiempos de retorno a la vida judicial de los jueces que optan por responsabilidades políticas, señalando que "no estamos pidiendo que no sea posible, sino que se regule con mayor claridad", apuntando que "no ponemos en duda la imparcialidad interna pero sí la que se percibe por los ciudadanos".

Por último, respecto a los indultos, en sus conclusiones los jueces decanos consideran que la regulación "es obsoleta" y entienden que "no basta con excluir determinados delitos de su ámbito --corrupción o violencia de género-- porque en los demás casos, el indulto seguirá siendo una excepción a la independencia judicial". Al respecto, señalan que pueden tener sentido "en casos muy excepcionales" y abogan por modificar la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso de solicitud de indulto "de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo".