Puigdemont y el resto de presos soberanistas tienen dos días para pagar las fianzas y evitar el embargo

En una providencia de fecha del pasado 27 de junio, el magistrado instructor requiere a los 14 procesados que aporten la cantidad de 2.135.948,6 euros fijada ya en el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo y que el juez considera que se ha utilizado para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Esta decisión la ha acordado una vez que la Sala de Apelaciones confirmase dicha resolución este martes.

Este montante deberá ser pagado de forma solidaria en plazo de dos días desde que la providencia haya notificada a las partes entre Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; y los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás y Dolors Bassa --que también están procesados por rebelión y todos se encuentran en prisión provisional--. A la lista se suman los exconsellers huidos Clara Ponsatí, Toni Comín (ambos también acusados de rebelión) y Lluís Puig (procesado por desobediencia); y por Carles Mundo, Santiago Vila y Meritxell Serret, que también tienen el delito de desobediencia.

No podrá ser pagada por ningún fiador

El juez también advierte de que si en este plazo concedido los procesados no han pagado esta fianza "se procederá al embargo de bienes" en la cantidad que sea "suficiente" para cubrir lo reclamado. Además señala en la providencia que la fianza no podrá ser pagada por ningún fiador.

En el auto de procesamiento, Llarena explicó que la cuantía se ha fijado sumando a los 1,6 millones de euros, que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum del 1-O, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.

Aunque todo el ex gobierno catalán ha sido procesado por el delito de malversación, el juez Llarena ha continuado hasta el momento indagando en cuánto dinero público desviaron para poder celebrar la consulta independentista. En recientes informes de la Guardia Civil remitidos al magistrado del Supremo, se afirma que esta cantidad llegó a ascender hasta, al menos, 3,2 millones de euros.