El juicio contra el presunto autor del doble crimen de Almonte (Huelva) arrancará el 6 de septiembre

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, el juicio arrancará el miércoles 6 de septiembre en la Audiencia Provincial de Huelva y será un jurado popular el que decida si el único acusado por estos hechos es culpable o no.

La Fiscalía solicita 50 años, la máxima pena, por dos delitos de asesinato --25 por cada uno--, para este hombre, así como el pago de una serie de indemnizaciones --200.000 euros para la expareja y madre de la niña y 100.000 para los padres del fallecido--, y el alejamiento y la prohibición de aproximarse y comunicarse con estas personas por cualquier medio a una distancia no inferior a 500 metros durante diez años.

Del mismo modo, acordó la clasificación de tercer grado del penado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, así como la testifical durante el juicio de familiares de las víctimas, agentes de la Guardia Civil y peritos forenses.

Según remarca el fiscal en su escrito, antes de las 22,00 horas del 27 de abril de 2013, el acusado, "decidido a acabar" con la vida de este hombre, con cuya esposa mantenía una relación sentimental de forma paralela desde hace años, y "movido por los celos hacia éste, se acercó a la vivienda debidamente pertrechado y provisto de guantes y accedió a su interior".

Una vez allí, inició una discusión con la víctima, que acababa de salir de la ducha para ir a cenar con su hija, y durante la misma, valiéndose de un cuchillo que portaba, "comenzó a asestarle puñaladas por todo el cuerpo de forma indiscriminada, causándole 47 heridas".

En el citado domicilio también se encontraba la hija de éste y de la que era su pareja, de ocho años de edad, y el acusado, "decidido también a acabar con su vida y para evitar que ésta le delatara, le asestó de forma repetida y por todo el cuerpo múltiples cuchilladas".

El fiscal considera que el acusado, una vez cometidos los hechos, abandonó la citada vivienda, mientras que los cuerpos sin vida fueron encontrados dos días después, el 29 de abril, por el abuelo materno de la niña.

LA MISMA PETICIÓN

Cabe recordar que las acusaciones particulares, ejercidas por un lado por la familia del hombre fallecido --padres y hermano-- y, por otro, por su expareja y madre de la pequeña también fallecida, también solicitaron 50 años de prisión para este hombre por dos delitos de asesinato con los agravantes de superioridad y aprovechamiento de las circunstancias de tiempo y lugar, abuso de confianza y parentesco.

La ejercida por la expareja y madre de la niña le pide por cada delito la pena diez años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde resida esta mujer y la prohibición de aproximarse y comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, así como una indemnización por parte del acusado hacia ella de 250.000 euros en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral ocasionado.

Por su parte, la acusación ejercida por los padres y hermano del fallecido solicita además de la pena de cárcel doce años de privación del derecho a residir o acudir al lugar donde residan estas personas y la prohibición de aproximarse y comunicarse con las mismas, así como una indemnización de 300.000 euros a los padres de la víctima.

La defensa, que pide el sobreseimiento del caso al mantener la inocencia del detenido por estos hechos, ha solicitado la libertad en varias ocasiones del presunto autor, una libertad que fue denegada hasta tres veces. La última vez por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva al considerar que existen "indicios suficientes y contundentes" contra el acusado para mantenerle preso.

INDICIOS DE CRIMINALIDAD

En cuanto a los indicios de criminalidad contra este hombre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, ha considerado en varios autos los restos de ADN hallados en tres toallas, ubicados en dos baños diferentes de la vivienda donde aparecieron los cadáveres, los cuales "se han dejado por contacto directo con estas toallas, y no por transferencia indirecta o secundaria, y en fechas no muy alejadas en el tiempo a los hechos que se investigan", teniendo en cuenta que el detenido no subía al domicilio desde hacía más de tres años.

A su vez, en un auto cita otras pruebas como la huella de la zapatilla del supuesto autor, la apertura de la puerta sin forzar la cerradura o la salida horaria del establecimiento en el que trabajaba el detenido. La juez considera que, en fecha de la muerte, el adulto fallecido no mantenía mala relación o problemas con ninguna otra persona que no fuera el acusado --ambos trabajaban en el mismo lugar y la expareja de éste había vuelto con uno y con otro--.