El ex jefe de gabinete del presidente de Murcia citado mañana como imputado en la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar como investigado el próximo martes a David Conesa, ex jefe de gabinete del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en su etapa como consejero de Educación, para averiguar su supuesta implicación en la relación de ayuntamientos murcianos con empresas de la trama Púnica.

El magistrado le tomará declaración junto a otras cuatro personas: el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras; una de sus colaboradoras, María García; un jefe de gabinete de la senadora del PP por Murcia, Pilar Barreiro, Francisco de Asís Ferreno; y la funcionaria del consistorio María del Mar Conesa.

El instructor les investiga por delitos de malversación de caudales públicos a la vista de los informes remitidos por la Guardia Civil sobre la relación de ayuntamientos murcianos con empresas de la trama Púnica, en concreto, las vinculadas al empresario Alejandro de Pedro, dedicadas a trabajos de reputación on line.

A David Conesa, Asís de Ferreño y María del Mar Conesa también les imputa los delitos de fraude. A los dos primeros, además, se les investiga por el delito de revelación de información reservada y a Contreras por el de cohecho.

También, llama a declarar a las empresas Eico Online S.L. y Madiva Editorial y Publicidad S.L. --empresas de De Pedro-- para ampliar las declaraciones ya hechas anteriormente sobre los trabajos y servicios prestados, en los que generaron usuarios ficticios y diarios digitales para mejorar la reputación e imagen de altos cargos como políticos.

PERTENECÍA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Por otro lado Velasco ha citado para un día después al hermano de De Pedro, Adrián, por ser el responsable de los trabajos informáticos y director de algunos de los trabajos de reputación. El magistrado dice que es conocedor y cooperador necesario de los contratos que hizo la empresa con la Región de Murcia y, por ello, le investiga por los delitos de malversación de caudales públicos, aprovechamiento de información reservada y fraude.

Asimismo, le acusa de un delito de pertenencia a organización criminal, ya que considera que junto a su hermano y su socio José Antonio Conesa realizó trabajos reputacionales en internet "de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo". Por estos mismos delitos, el juez instructor también ha citado al director comercial de Madiva, Francisco Javier Bueno; a la secretaria particular de José Antonio Conesa, Esther Gutiérrez Martínez; a una subordinada de De Pedro, Sara Gargallo. Y llama por el presunto delito de cohecho a las empresas Duravit & Marset Group S.L. y Linkatic S.L.

RELACIÓN CON PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

En uno de sus informes, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Pedro Antonio Sánchez un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su imagen y poder progresar así en su "carrera política".

Según consta en el sumario que instruye el juez Velasco, la contratación no se llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en octubre de 2014, "si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".

El Instituto Armado se incautó en el registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido, en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales.

"No son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero --Sánchez era entonces titular de Educación-- para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y poder progresar en su carrera política", destaca el informe, fechado el pasado 13 de mayo.

La UCO considera así que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación "supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos", todo ello enmascarado como un "un eventual contrato en materia de formación".

PILAR BARREIRO, EL "NEXO DE UNIÓN"

Los investigadores consideran también que la senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y ex diputada nacional, debido a la contratación por parte de Consitorio que dirigía de una supuesta campaña de publicidad institucional. En realidad, se trataba de la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro y por el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios.

El caso se remonta al año 2014 cuando, tras la dimisión del antiguo presidente Ramón Luis Válcárcel, se abrió una "carrera" en el seno del partido entre los entonces candidatos a la región de Murcia, Juan Carlos Ruiz y Pedro Antonio Sánchez. De Pedro se concertó con Jose Antonio Alonso Conesa --que fue exalcalde de Cartagena con el PSOE-- para conseguir contratos públicos que sirvieran para mejorar la reputación online de Ruiz.

De igual modo, Pedro Antonio Sánchez tenía "premura" por iniciar cuanto antes este tipo de servicios al tener "temores a las consecuencias reputacionales de una nueva posible imputación". "El nexo de unión entre ambas tramas, la del Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue Pilar Barreiro", expone el informe.

En este punto, Alonso Conesa, "aprovechando su relación" con su sucesora en la alcaldía Pilar Barreiro, trató de influir para que ésta y Pedro Antonio Sánchez contrataran a la empresa Madiva Editorial y Publicidad.