La posible anulación de sentencias franquistas abre otro debate político

Mañana es el día, el primer paso efectivo para sacar a Franco de la tumba. 24 horas para que el consejo de ministros lo apruebe. Físicamente un trámite sencillo, en lo político, ya es otro cantar. El decreto ley para evitar un litigio judicial, entrará en vigor inmediatamente. El recurso anunciado por el PP no paraliza su ejecución y tampoco pueden hacer nada los familiares de Franco.

Pero la tumba no se toca sin la convalidación del Congreso a ese decreto, y aunque el apoyo del PNV está asegurado, ERC y PdCAT ya han dicho que su respaldo pasa por la anulación de las sentencias de la dictadura.

Ir más allá de lo simbólico, es decir, ilegalizar anular por ley 40 años de resoluciones judiciales, no parece sencillo, al menos para López Garrido, ex portavoz del grupo socialista, y catedrático en derecho constitucional, que advierte del colapso que eso supondría para el sistema judicial.

Existe la posibilidad de legislar acotando los casos, pero los jueces advierten de la intromisión legislativa, porque dicen: Solo las sentencias pueden anular sentencias.