Los partidos movieron 56,4 millones en las municipales de 2015, de los que 1,4 millones presentaban deficiencias

El conjunto de las formaciones políticas que concurrieron a las últimas elecciones municipales de 2015 utilizaron un total de 56,4 millones de euros para la campaña, y de esta cantidad un total de 1,4 millones presentaban "deficiencias" respecto al cumplimiento de la legislación electoral.

Así lo pone de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas recogido por Europa Press que analiza la contabilidad electoral relativa a los comicios municipales del 24 de mayo del año pasado.

De esos más de 56 millones que los partidos movieron entonces, 29,1 procedían de créditos bancarios; otros 14 millones de adelantos de subvenciones electorales; 9,8 millones de aportaciones de las propias organizaciones políticas; y 3,4 millones de aportaciones privadas.

Pero el organismo fiscalizador ha contabilizado en casi un millón y medio los gastos que no podrán ser financiados con subvenciones electorales porque presentan alguna irregularidad. Concretamente, 1.165.526,37 euros son gastos que carecen de naturaleza electoral; 132.951,84 euros no fueron debidamente justificados; y 111.149,41 euros se realizaron fuera del periodo electoral.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SUS CUENTAS

Todas las formaciones políticas que presentaron candidatura para las locales -- 2.075 partidos en total-- estaban obligadas a presentar ante el organismo fiscalizador su contabilidad. Sin embargo, 903 no se la remitieron, lo que supone un incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Por este motivo, el Tribunal de Cuentas ha propuesto que no se adjudiquen subvenciones a estos 903 partidos, que principalmente son de implantación territorial muy reducida y se presentaron sólo en un municipio. La subvención concedida, alega esta institución, "no puede ser superior a los gastos declarados justificados" y, en estos casos, no existe ningún importe declarado.

Y también ha realizado una propuesta de reducción de la subvención respecto de otras siete formaciones políticas por exceder su gasto. El recorte que sugiere el Tribunal de Cuentas asciende en total a 30.146,63 euros.

PSOE: 3.500 EUROS NO AUTORIZADOS

Concretamente, sugiere quitar al PSOE 350 euros de la subvención electoral que percibe ya que el partido registró gastos no autorizados por un importe de 3.500 euros. Esta partida responde a la contratación de espacios de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres.

Asimismo, propone reducir en 22.000 euros la subvención que recibe Somos Lanzarote; en 18.500 euros la de Democracia Ouresana; en 4.720 euros a Ilicitanos por Elche; y sugiere quitar otros 2.375,5 euros a Coalición por Melilla; 1.226,56 euros a Independientes Coalición por Huelva; y 1.128,97 euros a Costa del Sol Sí Se Puede.

Otra de las propuestas formuladas por la institución consiste en tomar "las medidas oportunas para paliar la falta de correspondencia que se produce" a veces entre el límite máximo de gastos y el importe de las subvenciones electorales a percibir.

Dicho límite se fija en función del número de habitantes de los municipios donde se presentan los partidos, lo que provoca que el gasto aplicable sea "manifiestamente insuficiente" para el desarrollo de una campaña electoral. Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que el límite máximo de gastos electorales se vincule mejor al número de electores de la circunscripción donde la formación presenta candidatura.

También aboga por "promover el desarrollo normativo pertinente" para precisar en mayor medida los conceptos, imputación y justificación de algunos gastos electorales, a sabiendas de que "una parte significativa" de las aportaciones privadas declaradas por parte de los partidos "carecían de alguno de los requisitos identificativos" exigidos por la LOREG.

Por último, el Tribunal de Cuentas destaca que un total de 1.172 formaciones políticas sí cumplieron con su obligación de presentar su contabilidad electoral, aunque 48 de ellas lo hicieron excediendo el plazo establecido en la normativa.