Los partidos vascos, salvo el PP, reclaman desclasificar los documentos sobre la 'matanza' del 3 de marzo de Vitoria

El Parlamento Vasco ha reclamado, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que el Gobierno español "desclasifique" los documentos oficiales existentes en torno a la 'matanza' del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

Este emplazamiento al Ejecutivo central ha sido aprobado este viernes por el pleno de la Cámara vasca, que ha debatido sobre este asunto a propuesta de Elkarrekin Podemos, cuya iniciativa ha recibido el apoyo del PNV, EH Bildu y el PSE-EE, mientras que el PP ha votado en contra.

La resolución aprobada por el Parlamento autonómico insta al Gobierno español a que, "de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Secretos Oficiales", adopte las medidas que resulten necesarias para "desclasificar" todos los documentos, datos e informaciones existentes en la Administración del Estado en torno a los sucesos del 3 de marzo de 1976.

Aquel día, cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una asamblea laboral que se celebraba en el interior de una iglesia.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido condenada por estos hechos, dado que todas las denuncias registradas ante la Justicia española han sido archivadas. Por ese motivo, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo estudia la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN"

El pleno del Parlamento también ha aprobado una enmienda de EH Bildu que "aplaude y apoya" las iniciativas que puedan adoptar las víctimas para lograr su "reconocimiento y reparación", ya sea a través de la fórmula de la jurisdicción universal o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta enmienda también ha sido apoyada por todos los grupos, salvo el PP.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha subrayado que es necesario desclasificar los documentos existentes en torno a este caso para tratar de averiguar lo ocurrido y acabar con la "impunidad". Por ese motivo, ha advertido de que el único motivo para negarse a apoyar a una petición de este tipo es el "interés" por evitar que se esclarezcan las "responsabilidades" políticas y penales por la matanza.

Por parte del PNV, Unai Grajales ha recordado que 42 años después, las víctimas siguen reclamando "memoria, reparación y justicia", algo que aún no ha logrado porque "la impunidad ha perdurado". Grajales ha denunciado que lo ocurrido fue una "matanza injusta", por parte de la Policía Armada, contra trabajadores que protestaban "pacíficamente" en demanda de una mejora de sus condiciones laborales, por lo que ha considerado que hay que seguir trabajando para esclarecer lo ocurrido y lograr "justicia".

Desde EH Bildu, Miren Larrion ha denunciado que pese a que esta fue "la mayor matanza de la Transición", no se investigó lo ocurrido ni se celebró juicio alguno. Además, ha denunciado que el rechazo a desclasificar los documentos sobre esta matanza responde al objetivo de "preservar" a los funcionarios y autoridades responsables de lo ocurrido, entre los que ha citado a los exministros Manuel Fraga, del que ha recordado que fue fundador del PP, y Rodolfo Martín Villa.

"RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN"

La parlamentaria del PSE-EE Rafaela Romero ha afirmado que hay que adoptar medidas para que las víctimas del 3 de marzo de 1976 puedan ver satisfechos sus derechos a "la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación", por lo que ha mostrado su apoyo a las actuaciones que puedan plantear ante organismos internacionales.

Por su parte, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha negado que su rechazo a apoyar la propuesta responda al objetivo de "ocultar" algo, y ha argumentado que lo que se pide con esta propuesta "sobrepasa" el ámbito de actuación del Parlamento Vasco. El PP defiende que el análisis sobre la desclasificación de este tipo de documentos se ha de abordar en el marco de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.