De 520.000 parados defraudadores a 5.800

Después de que Cayo Lara, molesto por que no fuera la vicepresidenta quien contestara a la pregunta que había formulado para esta sesión de control, acusase al Ejecutivo de "criminalizar y perseguir" a los desempleados por inflar las cifras de parados defraudadores, Báñez ha reclamado "menos demagogia" al coordinador general de IU y ha asegurado que el Gobierno "protege a los parados mediante la mejora de sus oportunidades de empleo y garantizando el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad”.

La ministra ha replicado a Lara que con el fraude, hay que tener "tolerancia cero", pues el fraude, en su vertiente laboral, "atenta contra los derechos de los trabajadores, contra la competencia leal de las empresas y contra los recursos de la Seguridad Social". "Usted, ¿qué propone? ¿Que no cumplamos la ley o que no sancionemos al que legalmente lo merezca?", le ha espetado Báñez, que ha pedido a Lara "el mismo celo" que tiene en esta cuestión para pedir explicaciones por la trama de los ERE de Andalucía.

A cuenta de los supuestos parados defraudadores se ha vivido en la sesión de control uno de los momentos más tensos. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, le ha exigido a la vicepresidenta una disculpa con los parados, que no se ha producido.

Sáenz de Santamaría se ha limitado a recordar la trama de los ERE de Andalucía y a asegurar que el exministro de Empleo socialista, Valeriano Gómez, había afirmado en julio de 2011 que "el 25 por ciento de los parados defraudó al cobrar el paro". A renglón seguido el aludido Valeriano Gómez ha explicado que fue un medio de comunicación quien malinterpretó un informe de su ministerio.

En cualquier caso, la cifra de 520.000 parados defraudadores –el 20% de quienes cobran la prestación- que dio la vicepresidenta en el último consejo de ministros, tuvo que ser rectificada poco después por el Ministerio de Empleo. El departamento de Báñez dijo que en realidad e sa cifra correspondía con personas a las que se les había retirado la prestación por problemas administrativos y que en el primer semestre de 2013 solo 5.883 personas habían cobrado el desempleo de forma fraudulenta al compatibilizarlo con un empleo sin declarar.