La juez de los ordenadores de Bárcenas rechaza apartarse de la causa y niega ser un instrumento del PSOE

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa María Freire, que instruye la causa por el borrado de los discos duros del ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha rechazado apartarse de la misma, tal y como le solicitó el PP y el que fuera informático del partido José Manuel Moreno, por entender estos que actuó como un instrumento del PSOE.

En un auto dado a conocer este miércoles la juez inadmite el incidente de recusación del partido al que había procesado el pasado mes de julio junto a la tesorera del mismo Carmen Navarro, al informático José Manuel Moreno -quien se adhirió a la recusación-- y al abogado de la formación Alberto Durán. Contra esta decisión cabe recurso de reforma que se podría presentar en los próximos tres días.

En el auto la magistrada responde a los argumentos de la recusación señalando que "desconoce si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas", señala.

En la recusación presentada el pasado 14 de septiembre, el PP defendió que existía un "interés directo o indirecto" en el pleito y que era "significativo" que la recusada "dirija por primera vez en España una acción penal contra un partido político, lo cual produce un rédito político indiscutible para el PSOE, con el que mantiene una vinculación"

Ante ello la juez Freire señala que no va a entrar "en cada una de las acusaciones de falta de imparcialidad" que suscribe el PP porque lo que toca es determinar si la formación popular tenía conocimiento previo de todas estas cuestiones "y la respuesta no puede ser otra que sí".

Argumenta que los datos e informaciones recogidos por el partido en su escrito de recusación "eran públicos y estaban a su alcance desde el momento en que se realizaron las actividades", todas ellas referidas en los años 2014 y 2015.

En su escrito, el PP argumentaba que la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid fue propuesta por el exdiputado socialista y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro Cuesta, para sustituir a Javier Gómez Bermúdez en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y añade que existe una "evidente relación" entre ambos dos, ya que "coinciden regularmente en distintos eventos y ponencias".

"ESTRATEGIAS" DEL PP

La magistrada responde a estas acusaciones afirmando que de estos argumentos se puede derivar que el PP esperó a conocer el resultado de la resolución que resolviese su solicitud de sobreseimiento para hacer valer, en caso de que no fuese favorable a sus pretensiones "otras estrategias derivadas de la información pública y accesible" de la instructora, que, según añade, ya disponían.

En lo que respecta a su relación con Álvaro Cuesta afirma que no es momento de negar la existencia de vinculación alguna con el vocal del CGPJ y sobre la acusación de que éste la propuso para sustituir a Gómez Bermúdez, responde que "una comisión de servicio de tres meses en un Juzgado Central de Instrucción es una modesta aspiración para un juez".

En referencia al argumento esgrimido en su escrito por el PP en el que aseguraba que el PSOE la designó como ponente en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que se debatió la Ley de Enjuiciamiento Criminal añade que acudió junto con otros dos magistrados a la Cámara Baja a emitir un dictamen técnico-jurídico sobre una ley procesal.

Sobre su papel de tertuliana la magistrada precisa que es una actividad "posterior y accesoria, no relevante" a los efectos que se analizan y que el PP no puede apoyarse en que no tuvo conocimiento de las tertulias en determinados medios de televisión.

"Sostener eso sería tanto como dejar en manos del señor Eduardo Inda, que mediante su oficio de tertuliano, pudiese determinar el dies a quo para el ejercicio de una acción de recusación que afecta a una garantía de independencia y de protección del ejercicio de la función jurisdiccional", matiza la magistrada en referencia al director del diario digital OK Diario.

En concreto se hace eco de una noticia de este medio del pasado 1 de agosto en la que se citan fuentes del PP y en particular de sus servicios jurídicos en la que se asegura que "se están planteando recusar a la magistrada al considerar que está contaminada", por lo que concluye que la fuente de información aquí es el PP "y no al revés".

Finalmente la juez aclara que, desde la reapertura de la causa en enero como consecuencia de la revocación de la Audiencia Provincial del Madrid, se practicaron diligencias en las que las defensa del PP y demás investigados "en ningún momento pusieron de manifiesto que estuviesen recibiendo un trato inadecuado o sesgado, parcial" por parte de la magistrada que recusan.

LA INSTRUCCIÓN SE CONCLUYÓ EN JULIO

Rosa María Freire concluyó el pasado mes de julio la instrucción y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". El procesamiento fue recurrido por el PP y la Fiscalía en reforma a principios de verano.

Por su parte, Bárcenas dio instrucciones a su abogado, Francisco Maroto, para apartarse de este procedimiento, alegando motivos económicos para justificar su retirada de la acusación. En la actualidad tiene una quincena de pleitos, la mayoría de ellos contra el PP o algunos de sus dirigentes. El extesorero solicitó el pasado mes de marzo a la Audiencia Nacional el desbloqueo de 10.000 euros de sus cuentas para hacer frente a los gastos de su equipo jurídico.

Sin embargo, en la causa de los ordenadores ejercen la acusación otras partes, como la Asociación Libre de Abogados (ALA) o Izquierda Unida, lo que garantiza su continuidad.