El número dos de Justicia admite tras el caso Puigdemont que hay deficiencias en las euroordenes

Así ha dicho en referencia al 'procés' y a la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de considerar procedente la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos, pero rechazando el cargo de rebelión.

Aunque ha aclarado que el Gobierno "tiene que respetar" las decisiones judiciales, cree que los poderes ejecutivos deben "facilitar el debate" entre los poderes judiciales "sin inmiscuirnos en sus decisiones", Dolz apuesta por este perfeccionamiento porque "la confianza mutua no se puede perder" y "no podemos cuestionar nuestros sistema", tal y como ha recordado, asumieron los Estados miembro en el último Consejo informal de Justicia celebrado en Innsbruck (Austria).

Así lo ha dicho en la inauguración de la cuarta edición del encuentro 'Una Justicia de futuro', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha "evidenciado" que "puede darse una interpretación que perturbe el espíritu original de la euroorden europea de investigación".

En este caso, ha planteado que "tal vez" habría que valorar "si habría que ampliar" la lista de delitos que suponen la entrega automática y "limitar más la doble incriminación, que es donde se abre la posibilidad de que surjan estas discrepancias, que han determinado la limitación en el conocimiento de los delitos por los cuales se acordaba la estimación de la euroorden en el caso conocido del fugado Puigdmemont".

De esta manera, ha insistido en que el Ejecutivo "respeta" las decisiones judiciales y ha afirmado que "es cierto" que la interpretación que se haga de la normativa que regula la euroorden la "tendrá que hacer o bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o bien ulteriores de esa decisión marco para acomodarla a las realidades que pueden ir surgiendo de forma sobrevenida y que no se pensaba en ellas cuando se pensaba en ellas cuando se diseñó el modelo actualmente vigente".

Es "necesaria una homologación de delitos"

"Sí es cierto que es necesaria una homologación de delitos en toda la UE que evite discrepancias en orden a las que se han planteado en este caso. Pero en todo momento hay que indicar que los jueces aplican el Derecho al caso concreto. El perfil de cada caso concreto impide el elaborar teorías generales aplicables a todos los supuestos, sino que hay que analizar cada caso", ha manifestado.

En su opinión, este sistema es "perfeccionable como todos los sistemas jurídicos, en función a las experiencias que hayan podido derivar en disfunciones". "Pero eso no quiere decir que el sistema de euroórdenes no esté funcionando adecuadamente, salvo estos casos excepcionales", ha expresado el secretario de Estado de Justicia.

Igualmente, se ha referido a que el fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Javier Zaragoza, en una mesa redonda en este mismo encuentro, ha afirmado que en la orden europea de detención que se aplica en la investigación del delito se ha interpretado por este tribunal alemán como "orden europea de enjuiciamiento más que de investigación". "Y esa es una de las quejas que han surgido a raíz de la tramitación de estas euroórdenes", ha añadido.

"El Gobierno no va a dirigir ninguna instrucción" a Fiscalía General

Asimismo, preguntado acerca de que el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, haya solicitado al Gobierno que insta a la Fiscalía General del Estado que retire las acusaciones contra los políticos procesados, ha defendido que "el Gobierno no puede dirigir ninguna instrucción ni orden" para que "modifique su posición".

"Sin duda, sí que les puedo decir que el Gobierno no va a dirigir ninguna instrucción, ninguna orden, que no puede dar, a la Fiscal General del Estado, en el ámbito de su autonomía funcional y en su posición procesal en todos los procesos en los que participa el Ministerio Fiscal", ha dicho.

De esta forma, ha defendido que el sistema judicial actual es "plenamente" constitucional y que una vez nombrado el cargo del Fiscal General del Estado "automáticamente goza de plena autonomía funcional", de forma que el Gobierno "no puede dirigirle órdenes ni instrucciones, sino solamente puede hacerle solicitudes que son sometidas a la Junta de Fiscales de Sala sobre su procedencia o no".

En este punto, ha insistido en que "el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado en virtud del artículo 97 de la Constitución" y que "por supuesto, ningún gobierno debe renunciar a ejercer una política criminal donde el Ministerio Fiscal es un elemento fundamental, precisamente, para poder llevar la Justicia Penal a la protección de sectores más desfavorecidos, a la protección de los intereses colectivos".

La medida de Casado sobre el espacio Schengen "es muy drástica"

El secretario de Estado también ha sido preguntado por el hecho de que el candidato a presidir el PP Pablo Casado ha afirmado que "habrá que plantearse qué eficacia tiene la orden de detención europea", así como "el espacio Schengen", si "no hay confianza mutua entre países, si no se respetan las decisiones judiciales de un estado miembro".

A este respecto, ha afirmado que la libertad de opinión "enriquece" la democracia, pero que el Gobierno "no comparte" la tesis expresada por Casado. "Nosotros, evidentemente, no lo vamos a hacer, es muy drástica la medida, pero evidentemente las opiniones que se manifiesten son todas respetables", ha zanjado.