La instrucción del Alvia toma un nuevo impulso cuatro años después tras declarar el cargo público investigado

La instrucción judicial por el accidente del tren Alvia que ocurrió hace cuatro años en el barrio compostelano de Angrois, donde 80 personas murieron y 144 resultaron heridas, ha tomado este jueves un nuevo impulso, después de declarar el cargo público investigado, Andrés Cortabitarte, quien ocupó la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif de 2006 a 2013.

Su comparecencia, la primera en la que el investigado --ahora ratificado por la Audiencia Provincial-- ha accedido a hablar, aunque solo a las preguntas del juez, del fiscal y de su abogado, ha supuesto que otros dos nombres estén ahora señalados: los de Renfe e Ineco, empresas públicas a las que el abogado de Cortabitarte ya había apuntado en escritos entregados al juez.

Al margen de la posibilidad de que el instructor decida llamar a declarar a otros responsables técnicos --en calidad de investigados o como testigos--, como pidieron tanto la plataforma de víctimas como el letrado de alguno de los afectados, será determinante para el devenir de la investigación el informe que emita para el juzgado la Agencia Ferroviaria Europea.

Este ente de la Unión Europea ya dictaminó hace meses que el análisis de riesgo era obligatorio en la línea Ourense-Santiago y no se realizó correctamente, con lo que, de volver a pronunciarse en este sentido, dará base mayor para la atribución a Cortabitarte de 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, cargos que pesan sobre él por haber "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgo".

LA SEGURIDAD, COSA DE ADIF Y DE RENFE

Sin embargo, la estrategia de este cargo público --actualmente subdirector de gestión logística de aprovisionamiento en Adif-- se centra en tratar de desviar responsabilidades a otros, empezando por el maquinista --al que el juez también achaca los mismos delitos-- y acabando por el propio responsable de seguridad de la operadora ferroviaria, así como la consultora de la que Renfe y Adif poseen más del 50% del accionariado (Ineco).

Precisamente una de las víctimas del siniestro, Teresa Gómez-Limón, ya solicitó el pasado mes de abril investigar al que fue director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares.

La Agencia Ferroviaria Europea, organismo que ayuda a integrar las redes ferroviarias europeas haciendo que los trenes sean más seguros, mantuvo una comunicación a finales del pasado año con la plataforma de afectados.

En su escrito, que forma parte del sumario pues fue aportado por las víctimas, el jefe de la unidad de seguridad de la Agencia, Christopher Carr, asevera que tanto Adif como Renfe estaban obligados por la directiva de seguridad ferroviaria (de 2004) a "establecer un sistema de gestión de la seguridad".

CUATRO AÑOS Y DOS JUECES Y FISCALES DESPUÉS

Estos avances en la instrucción judicial se producen, precisamente, la semana en la que se ha conmemorado el cuarto aniversario de la tragedia.

Las víctimas y sus familiares regresaron a la capital gallega una vez más en demanda de "verdad, justicia y reparación", y con lo que interpretan como un respaldo de Europa a su "lucha" por que se depuren "todas las responsabilidades", tanto en el ámbito político (en el Congreso de los Diputados) como en el penal (en sede judicial).

Las circunstancias han motivado, a lo largo de todo este tiempo, que el caso cuente ya con dos jueces instructores y dos fiscales.

El segundo, Mario Piñeiro, jefe de área de Santiago, se ha estrenado esta jornada con preguntas a Cortabitarte que, en opinión de varios de los asistentes en la sala, han logrado poner en aprietos y hasta por momentos "sacar de quicio" al exdirector de seguridad de Adif.