El inicio del juicio contra 8 exdirectores de la CAM, aplazado al 29 de mayo

La Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 29 de mayo de 2017 el inicio contra los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós y a otras seis personas por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra.

El juicio contra estas ocho personas, previsto en un inicio, para el 17 de enero, se alargará finalmente hasta el mes de julio. La primera semana se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y después la sesiones tendrán lugar en el edificio de la calle Génova de Madrid.

Además de López Abad y Amorós, se sentarán en el banquillo el exdirector de Planificación y Control Teófilo Segrob Pomares, exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el de Financiación Juan Luis Sabater Navarro, el de Información Financiera Salvador Ochoa Pérez y el expresidente Modesto Crespo Martínez.

Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel.

Además, en este juicio estarán como responsables civiles subsidiarios la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

DECLARARÁN CINCO INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA

En dicho auto, los magistrados Ángela Murillo (presidenta del tribunal), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) han aceptado algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas admisiones, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y como ha solicitado la Fiscalía y por las acusaciones particulares.

La juez de instrucción Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados, siguiendo el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez, de que los exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".

Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.

La magistrada sentó en el banquillo a Crespo, Amorós, Soriano Terol y Sogorb por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

En cuando a López Abad, Lamela le acusa de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Además, acusa a Martínez García, Sabater y Ochoa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

PETICIÓN DE PENAS

La Fiscalía pide que López Abad, Amorós, Sogorb y Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.

Reclama sendas penas de un año y dos meses de prisión y multas de 9.000 euros para Sabater y Ochoa; mientras que solicita imponer a Soriano la pena de 10 meses de cárcel y multa de 12.000 euros. Para todos ellos, pide la inhabilitación especial para ser elegidos en unas elecciones y para ejercer la actividad bancaria durante el tiempo de sus condenas.

Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, nueve años para Crespo, Amorós, y Sogorb y tres años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.

La acusación popular ejercida por el abogado murciano Diego de Ramón reclama, por su parte, 16 años de cárcel para los ocho. Otra acusación que representa a un particular, solicita 17 años de cárcel para todos.

LA ENTIDAD FUE INTERVENIDO EN 2011

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.