El juez ordenó incautar correos electrónicos de Puigdemont, Mas y otros 30 líderes independentistas desde abril de 2016

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ordenó el "examen y análisis" de los correos electrónicos del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, todos los exconsejeros del Govern, los antiguos miembros de la Mesa del Parlament y otros dirigentes independentistas como Artur Mas, Marta Rovira o los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, entre otros. En total, los e-mails de 32 personas vinculadas con el proceso independentista desde abril de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017.

Así consta en el auto que dictó Llarena el pasado 11 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que daba el visto bueno al requerimiento que le había hecho la Guardia Civil de examinar la correspondencia electrónica de un total de 32 personas. Esta parte de la investigación estaba secreta, pero el magistrado levantó el secreto de sumario el mismo día de los registros, el pasado miércoles.

Según explica Llarena en su auto, "la relevancia penal de las conductas delictivas que se investigan, que han supuesto la ruptura de la cohesión social y política que sustenta la Constitución" es la que "justifica el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica mantenida por los investigados, por ser el principal instrumento subsistente que posibilita objetivamente confirmar o refutar los indicios de los que se dispone".

De este modo, el instructor ordenó a los investigadores el análisis de los correos de Puigdemont, Junqueras y todos los exconsejeros del antiguo Govern, así como a los seis exmiembros de la Mesa imputados, los líderes de ANC y Òmnium, la presidenta de la AMI, además de líderes de partidos independentistas como Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP). También del expresidente catalán Artur Mas.

En definitiva, los correos electrónicos de la mayoría de imputados en la causa que instruye Llarena contra el denominado 'procés', pero también pidió a la Guardia Civil que analizara los de otras personas vinculadas a él como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, el exsecretario de Economía Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresidente Artur Mas Joan Vidal y los directores de las oficinas para el autogobierno Víctor Cullell y Josep María Reniu.

Según explica el juez en el auto, estos últimos cinco, aunque no están imputados en la causa, sí "están siendo investigados como eventuales responsables de estos mismos hechos en otros procedimientos judiciales o, al menos, desempeñaban cargos subordinados al Consejo de Gobierno de la Generalitat y estaban directamente vinculados con las actuaciones ejecutivas desplegadas para la consecución de los objetivos secesionistas".

Al dirigirse al juez, el Instituto Armado solicitaba autorización para analizar los correos emitidos y recibidos desde el 20 de septiembre de 2015 hasta la actualidad, pero el magistrado no ve necesario un periodo de tiempo tan "dilatado" y lo limita a entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017, es decir, el último día antes de la disolución del Parlament por la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución.

INSUMISIÓN AL ORDEN JURÍDICO

El magistrado expone que para lograr el objetivo que pretendían conseguir los investigados, la independencia de Cataluña, pudieron buscar el "apoyo masivo de importantes sectores de la población para desde la determinación que pudiera exhibirse ese sector social, ejercer puntuales reacciones violentas y amenazas con una eventual explosión social que generalizaría la insumisión al orden jurídico y el enfrentamiento ciudadano, determinando así al Estado a aceptar una secesión de parte del territorio por concebirse como la única reacción posible ante una situación de hechos consumados enfrentada a la aplicación del orden legal, así como el único instrumento capaz de aportar una contención de la violencia en el territorio".

Y es que, para Llarena, "resulta un importante marcador de la responsabilidad que se ventila que el referéndum para la independencia se llevó a término tras numerosas llamadas a la movilización ciudadana cursadas desde las fuerzas políticas, así como por los representantes" de ANC, Òmnium y AMI.

Estos últimos, argumenta, "directamente impulsaron muchas de las actuaciones colectivas que habían de imposibilitar la ejecución de las resoluciones judiciales, llamaron a que el 1 de octubre se desatendiera por la ciudadanía la prohibición de celebración del referéndum, e impulsaron movimientos de manifestación ciudadana en los días siguientes al referéndum, durante el periodo que había de mediar hasta la declaración de la república".

Así, el juez hace un relato de los "incidentes coactivos o violentos" que se produjeron con motivo de dicha movilización: "la ocupación organizada de las calles por centenares de tractores; el bloqueo de la Delegación el Gobierno de Cataluña; el aislamiento de agentes o de la comisión judicial que realizó el registro en la Consejería de Economía; el apedreamiento de vehículos policiales o su destrucción vandálica; el asedio a los hoteles donde permanecían los policías; el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden; cortes de carreteras o barricadas de fuego; amenazas a empresarios que prestaban soporte a los servicios del Estado; murallas humanas que defendían los centros de votación, forzando a los cuerpos policiales a emplear la fuerza".

REGISTROS EN CTTI Y CESICAT

Para lograr la información solicitada en su auto, Llarena también ordenó a los investigadores que requirieran al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) las respectivas copias de los correos que conservan y que solicitasen al Centro de Seguridad de Información de Cataluña (CESICAT) que aportara copias del duplicado del certificado digital de las cuentas de correo, copias de los 'pin' para poder acceder a los e-mails y certificados digitales necesarios para la lectura.

Y para obtener los correos de los líderes de ANC y Ómnium, el magistrado reclama en su auto que estas entidades permitan a los investigadores el acceso a los mismos, así como las copias de seguridad.