El techo de gasto, la corrupción y la amnistía fiscal, primeras fricciones entre PP y C's

El último choque entre ambos partidos se ha producido a raíz del fallecimiento de la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que el pasado septiembre, después de que el Tribunal Supremo abriese una causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales, decidió que dejaba el PP pero que conservaba su escaño y, por lo tanto, también su aforamiento.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había reclamado al PP que apartase a Barberá del escaño si quería contar con el apoyo de la formación naranja a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y recordó a los 'populares' que estaban obligados por el pacto de corrupción que firmaron en agosto como paso previo al acuerdo de investidura.

Ya en aquel momento, el PP opuso resistencia, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió que la senadora solo debería asumir responsabilidades políticas si se le abría juicio oral, no únicamente por estar investigada, como acordaron los dos partidos en agosto.

Ahora, tras la muerte de la exalcaldesa, que siempre defendió su inocencia, el PP ha reabierto el debate al indicar que quizá habría que "darle una vuelta" al pacto en lo referente a los imputados por corrupción. Ciudadanos, sin embargo, se ha negado rotundamente y ha pedido "coherencia" a los 'populares'.

VOTACIÓN SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA LOMCE

Pero esta no es la primera vez que ambas partes discrepan respecto a cómo se deben aplicar los compromisos que firmaron. Cuando, a mediados de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó tomar en consideración la proposición de ley del PSOE para paralizar el calendario de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el PP votó en contra.

Ciudadanos pidió al PP que respaldase esa proposición de ley porque, a su modo de ver, así lo exigía el pacto de investidura, pero el Gobierno justificó su voto asegurando que su intención era aprobar un decreto ley para suspender automáticamente el efecto académico de las evaluaciones de ESO y Bachillerato de la LOMCE.

Además, esta última semana se han evidenciado las diferencias entre PP y C's respecto a otras dos cuestiones: la fijación del techo de gasto para 2017, previa a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, y la recuperación del dinero que los defraudadores beneficiados por la amnistía fiscal de 2012 no llegaron a pagar.

Ciudadanos reclama al Gobierno que las personas que se acogieron a la regularización fiscal tributen por el 10% de todo el dinero aflorado y no por el 3%, como acabaron pagando en virtud de un informe emitido por la Dirección General de Tributos que es "ilegal", según el partido de Rivera.

El Ministerio de Hacienda insiste en que, cuatro años después, aún se puede recaudar dinero de la amnistía fiscal porque las inspecciones iniciadas antes del 30 de noviembre interrumpen la prescripción. Pero C's no se fía y mantiene que la carta que la Agencia Tributaria envió hace unos días a los declarantes no sirve para ese fin porque es únicamente de carácter informativo.

El dinero que se obtendría de la amnistía fiscal constituye una de las partidas de ingresos que contempla el acuerdo de investidura para financiar las políticas sociales y las medidas para la modernización económica que el PP comprometió con Ciudadanos. Concretamente, con la amnistía fiscal y otras medidas de lucha contra el fraude se prevé conseguir 1.000 millones de euros en 2017.

DIFERENCIAS RESPECTO AL TECHO DE GASTO

Si a eso se suman las cantidades que se esperan obtener con las otras dos fuentes de ingresos que recoge el pacto --la reforma del Impuesto de Sociedades y la eliminación de duplicidades administrativas--, se alcanzarían en total unos 5.000 millones de euros, que cubrirían los 5.000 millones que cuestan aquellas medidas del acuerdo que requieren de financiación en los presupuestos.

Sin embargo, la discusión entre Ciudadanos y el PP en torno al techo de gasto para el próximo año, del que la formación naranja ha anunciado que será más alto que en 2016 y el Gobierno dice que bajará, ha empezado a sembrar dudas respecto a la financiación de esas medidas.

Ciudadanos subraya que el techo de gasto no debe reducirse, aunque también sostiene que lo importante no es tanto la cifra concreta como que finalmente los presupuestos contengan las partidas correspondientes a las reformas pactadas. En cualquier caso, habrá que esperar, previsiblemente, a la decisión que tome el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Por otro lado, el pacto anticorrupción incluye seis condiciones que C's exigió que se tramitasen en los tres primeros meses de la legislatura a contar desde la fecha de investidura, es decir, antes de febrero.

Hasta ahora, dos de los puntos los ha incluido en su proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes: la separación de aquellos cargos públicos investigados por corrupción --aunque ahora habla de "encausados"-- y la prohibición de indultar a condenados por ese tipo de delitos. Dicha iniciativa aún no tiene fecha para su primer debate.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP

En cambio, de momento no se ha dado pasos para avanzar hacia la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos --ya que requiere de una reforma constitucional-- ni para limitar a ocho años o dos mandatos el tiempo máximo que se puede ostentar la Presidencia del Gobierno.

En cuanto a la reforma profunda de la Ley Electoral, Rivera quiere que el Congreso empiece a estudiar la propuesta Ciudadanos antes de fin de año, pero aún está pendiente la creación de la subcomisión correspondiente.

El partido naranja tampoco ha registrado todavía una petición para que se cumpla el último punto del pacto anticorrupción: la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP. Sólo consta la que pidió el PSOE, que no tiene fecha de debate.

Otro tema por concretar es el referente a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), ya que el acuerdo indica que en el primer mes de Gobierno se constituirá un grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial.