El fiscal general propone un "acortamiento real" de las instrucciones y que sea el Ministerio Público el que las dirija

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha manifestado este miércoles que es "necesario" un acortamiento "real" de las instrucciones de los procedimientos judiciales y se ha mostrado convencido de que así será cuando éstas estén dirigidas por el Ministerio Fiscal.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de la Fiscalía de los años 2015 y 2016, Sánchez Melgar ha asegurado que es "imposible de tolerar" que existan instrucciones de causas que se prolonguen incluso hasta diez años y, por ello, ha propuesto un cambio del actual sistema que permita atajar la delincuencia desde el punto de vista de la instrucción de los procesos.

Se trata de una reforma legislativa que requiere de un gran acuerdo parlamentario y que no reside únicamente en la sustitución de la figura del juez por la del fiscal sino en un cambio en el modelo de instrucción, ha dicho el ponente, que ha recordado que la Memoria de la Fiscalía de 2016 ya recogía una propuesta orientada a atribuir "expresamente" al juez de instrucción la competencia de oficio para determinar si una causa es sencilla o compleja.

Según ha expuesto, existe la "necesidad" de fijar límites a la fase de investigación de delitos por dos motivos principales: por un lado, para evitar que ese periodo de instrucción se convierta en una "anticipación de juicio oral" y, por otro lado, porque el derecho de los investigados no puede quedar "sine die en una especie de limbo judicial". "Debemos evitar los juicios que se eternizan", ha apostillado.

"NUEVA LECRIM QUE NOS SAQUE DEL SIGLO XXI"

"Para ello se hace necesario elaborar una Ley de Enjuiciamiento Criminal que nos haga llegar al siglo XXI y nos saque del siglo XIX", ha manifestado el fiscal general quien, en sus tres horas de comparecencia, ha insistido en que "la cuestión de fondo" reside en "desanclar" este órgano del Ministerio de Justicia.

El fin, ha apuntado, es que la Fiscalía General del Estado pueda gestionar su propio presupuesto y el régimen administrativo de sus integrantes, en la línea con lo que ya ha sido expresado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) en su reciente informe de enero de 2018.

En lo que respecta al fortalecimiento interno del órgano, Sánchez Melgar ha planteado la necesidad de que se garantice un principio de unidad de actuación para ofrecer unos "criterios uniformes". Se trata de evitar que el fiscal mantenga una posición en una instancia y la contraria en la siguiente, pues supondría caer en la "contradicción" ante tribunales de distinto orden jurisdiccional.

Para ello se propone impulsar "definitivamente" la aprobación de un Código Ético en el que se viene trabajando y la creación de Fiscalías especializadas, aspecto este último que se ha convertido en una "exigencia" derivada de los cambios normativos en los principales órdenes acordes con los que se han producido en la sociedad.

FISCALÍAS ESPECIALIZADAS

Respecto a las nuevas figuras en las Fiscalías, Sánchez Melgar ha adelantado su interés de incorporar las de discapacidad, las correspondientes a la protección de la propiedad intelectual e industrial y las relacionadas con la defensa de consumidores y usuarios.

Al inicio de su comparecencia --la primera desde que fue nombrado fiscal general del Estado el pasado mes de noviembre-- el ponente ya ha apuntado en esta dirección al señalar que entiende esta intervención como "una verdadera rendición de cuentas" y un acto de acercamiento de la Fiscalía a la sociedad.

Precisamente la configuración de la actividad de la Fiscalía como servicio público es uno de los tres grandes ejes estratégicos a los que ha aludido el fiscal general. Los otros dos son la legalidad y la autonomía del Ministerio Fiscal, objetivo este último que requiere de un incremento de la plantilla del órgano para ser acometido.

Al respecto, ha recordado que la plantilla no ha sido modificada desde el año 2016 y continúa por segundo año consecutivo "inmutable" en los 2473 fiscales. Por ello ha pedido que se eleve pronto esta cifra y ha recordado que en estos momentos se está tramitando la creación de 10 nuevas plazas en la Fiscalía Anticorrupción.

Además ha solicitado un incremento de medios materiales (en especial los tecnológicos), una colaboración más estrecha entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferidas la competencia de esta materia, y una formación de calidad. Sobre este último aspecto ha precisado que el Centro de Estudios Jurídicos mantiene el mismo presupuesto para la formación de Fiscales desde el año 2013.

TERRORISMO YIHADISTA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En relación con el terrorismo yihadista, el fiscal general ha recordado, como ya recogió la Memoria relativa a 2016, que el 40 por ciento de procedimientos por terrorismo incoados en la Audiencia Nacional relativos a ese año son de esta índole.

Se trata de un "exponencial incremento" que se vincula a los tipos penales que introdujo la Ley Orgánica 2/2015, como son el adoctrinamiento y el adiestramiento pasivos, el auto adoctrinamiento y el traslado a territorio extranjero controlado por grupo terrorista.

Respecto a los casos de corrupción, el ponente ha apuntado que "la lucha contra esta lacra" se ha convertido en una de las prioridades para el órgano y que la Fiscalía Anticorrupción ha intervenido en 524 procedimientos judiciales a lo largo del año 2016 frente a los 371 en los que actuó el ejercicio anterior.

EL FISCAL GENERAL Y EL GOBIERNO

Se trata de datos que permiten concluir que este órgano "goza de buena salud" aunque queda margen de actuación, ha dicho el fiscal general para anunciar que se propone actualizar la doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre decomiso y generar pautas de relación con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Igualmente el fiscal ha propuesto que, en aras de dotar de mayor independencia a esta figura, se plantee la posibilidad de que el fiscal general del Estado no cese ni varíe en función de los cambios gubernamentales que puedan tener lugar. Se trata de un planteamiento que reivindica para que, en el futuro, sus sucesores "tengan unas condiciones de mayor autonomía", ha apostillado.