El fiscal pide 64 años de cárcel y multa de más de 1.000 millones para el industrial Aristrain por fraude

En total le imputa quince delitos de elusión tributaria y le reclama el pago en concepto de responsabilidad civil de 210.980.706,23 euros y pide que se le imponga una multa que ronda los 1.190 millones de euros.

En su escrito de acusación, dado a conocer este martes, la Fiscalía explica que en 1998 el industrial ordenó la constitución en Holanda de la sociedad Corporación JMAC. B.V. para acogerse "artificiosamente" y de forma "abusiva" al "muy beneficioso" tratamiento fiscal que rige en dicho país para una sociedad patrimonial de tenencia de participaciones "mediante la exención de tributos de los dividendos repartidos por las sociedades participadas y las plusvalías obtenidas por las ventas de dichas participaciones".

DE HOLANDA A LUXEMBURGO

Cuando la sociedad dejó de gozar de ese ventajoso tratamiento fiscal en Holanda, Aristrain dispuso el traslado de su gestión a Luxemburgo donde quedó constituida de la siguiente forma: el cien por cien era participada por la sociedad española Corporación J.M. Aristrain, que a su vez era poseída al 69,17 por ciento por José María Aristrain y el 30,83 por ciento por la Fundación Navarra Aristrain de la Cruz.

En realidad, según el fiscal, se trataba de una "falaz apariencia" puesto que el control y la dirección efectiva de la Corporación estaba ubicada en Pozuelo de Alarcón. Y es que de esta forma logró que sus empresas dedicadas a la industria del acero en España no tributaran al erario público por el impuesto de sociedades ni tampoco en Luxemburgo porque allí estaban exentas.

Con el mismo afán de eludir el pago de impuesto, en 2005 liquidó la sociedad Tenmat S.L. controlada por él mismo, si bien antes de hacerlo transmitió de forma "artificial" su titularidad de su corporación a otra llamada Corporación JMAC, B.V., "deslocalizando con ello la plusvalía.

El escrito de la Fiscalía, que tiene fecha del pasado 3 de noviembre, solicita al Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (MADRID), que ha sido el que ha investigado los hechos, que dicte auto de apertura de juicio oral y remita las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento.