A juicio dos extesoreros del PP y el partido como responsable civil

Así consta en el auto en el que abre juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó las obras de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y considera que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reproduce el auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, que dictó el pasado 23 de marzo su compañero Pablo Ruz, para solicitar una fianza civil de 1,2 millones de euros a la formación presidida por Mariano Rajoy, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución.

Así, De la Mata recoge que el PP habría operado con "varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial" presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando a modo de "contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B" por no aparecer asentados dichos pagos en los libros contables ni haberse declarado al fisco.

En su auto, de 102 páginas, el magistrado señala que Lapuerta y Bárcenas se habrían "prevalido" de sus cargos para manejar dichos sistemas de financiación y realizaron "diversas aportaciones que se remontan hasta los primeros años de vida de la 'caja B' del partido" que no tuvieron "reflejo alguno en la contabilidad oficial" de la formación.

Entre los que cobraron sobresueldos, cita al exgerente Cristóbal Páez, que recibió sendas aportaciones de 6.000 euros en 2007 y 2008 para compensar su nombramiento en el cargo. Las entregas, según el juez, se hicieron en sobres que contenían billetes de 500 euros y sin que se practicaran la correspondiente retención ante la Hacienda Pública.

Además, De la Mata señala que entre diciembre de 1991 y noviembre de 1995 el PP pagó 86.545 euros al entonces diputado nacional por Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se los entregara al exconsejero de Salud Calixto Ayesa, en atención al "detrimento patrimonial" que sufrió al cesar su actividad profesional como dermatólogo.

Ayuda a víctimas del terrorismo

La contabilidad opaca de los 'populares' también se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo como el concejal 'popular' de Amurrio (Álava) Santiago Abascal, que recibió dos millones de pesetas en 1999; la familia del concejal José María Martín Carpena, a la que se canceló un crédito por dos millones y se realizó un ingreso de 160.000 pesetas; o la concejal de UPN Elena Murillo, que recibió medio millón de pesetas para alquilar una vivienda después de que ETA destrozara la suya.

Asimismo, los extesoreros del PP destinaron 30.000 euros en negro en 2003 y otros 40.000 en 2004 a la Fundación Humanismo y Democracia, que fueron entregados a los patronos de este organismo.

El juez considera acreditado que la 'caja B' se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos --como los pagos al exsenador Luis Fraga o al propio Bárcenas en las campañas de 2004 y 2008-- o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008, todas las cuales fueron recogidas en los manuscritos del extesorero.

"Pagos en beneficio del PP"

El dinero opaco también se empleó, según el auto, en "el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular", como la realización de las obras de su sede, en la calle Génova de Madrid, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

De la Mata señala que los exdirigentes 'populares' y los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que desarrolló la reforma, llevaron a cabo una "estrategia defraudatoria" que incluyó "operaciones simuladas" mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra "mendaces" por parte de la empresa.

De igual modo, los extesoreros destinaron fondos opacos al pago de la sede del PP de Vizcaya entre los años 1999 y 2005, sobre la que Bárcenas creó "una cuenta específica" con fondos que se habrían nutrido, entre otras, de las aportaciones realizadas por la empresa Bruesa Construcciones.

En relación con la adquisición de la nueva sede del PP de La Rioja en 2008, el juez señala que Bárcenas realizó una entrega de 200.000 euros procedentes de "aportaciones efectuadas por terceros" ante la formación regional, "en fondos B y ajenos a su contabilización oficial" y que le habrían entregado al extesorero "responsables de dicha formación".

También constan acreditadas, según el juez, los siguientes pagos realizados en 1992: 170.000 pesetas en enero a "una presentadora de televisión por participación en acto electoral del partido"; 2,8 millones entre marzo y mayo a "un catedrático por la confección de estudios políticos"; tres millones en junio por el "dictamen de un abogado"; dos millones en septiembre por "servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales" y 400.000 pesetas por pagos a un notario.

Donativos fraccionados

La investigación también pone de relieve que las aportaciones en metálico entregadas por los donantes del PP también se destinaban a las cuentas de donativos anónimos y nominativos aunque antes se fraccionaban para sortear "las limitaciones, requisitos y prohibiciones establecidos por la normativa legal".

Tanto Lapuerta como Bárcenas, según el auto, recibían, "de forma personal", dinero en efectivo que les entregaban "diversas personas físicas vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos". "Parte de este dinero tenía entrada en la 'caja B' del partido y se registraba en la contabilidad paralela", señala el auto.

Posteriormente, el dinero se ingresaba en efectivo en las cuentas de donativos anónimos que el PP tenía en el Banco de Vitoria, Banesto y el Banco Popular, "en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de diez millones de pesetas o 60.000 euros, límite máximo anual inicialmente establecido por ley como aportación privada por donante y que a partir del 6 de julio de 2007 se situaría en los 100.000 euros".