El exdirector de Riesgos expuso a sus superiores la necesidad de conseguir liquidez ante la advertencia del BdE

El exdirector general de Inversiones y Riesgos de la CAM Francisco José Martínez García comunicó a los máximos responsables de la caja las directrices a seguir en un plan "muy claro" elaborado en 2008 tras la advertencia del Banco de España de que la situación de liquidez "era muy complicada".

"En mi toda la responsabilidad no estaba", ha dicho el exdirectivo de la entidad quebrada en 2011 en la cuarta vista que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la Caja del Mediterráneo por presunta falsedad en las cuentas en 2010 y 2011. Por estos hechos Martínez García se enfrenta a una petición de cárcel del Ministerio Público de siete años y medio.

A preguntas del fiscal Luis Rodriguez Sol, el gestor ha precisado que ante la comunicación recibida por el supervisor, su departamento comunicó al que fuera director Roberto López Abad y a su adjunta María Dolores Amorós, que ya no había posibilidad de emitir títulos de máxima calidad Triple A y que por tanto la alternativa era apostar por un plan de contingencia "concreto" y "claro" que establecía mecanismos para identificar la situación de liquidez.

La estrategia de las titulizaciones formaba parte de la propuesta del investigado para conseguir atraer a más inversores y lograr aumentar el valor del bono A, según Martínez García, que ejerció como director de este departamento entre 2005 y 2012, y que ha descartado que la responsabilidad sobre la titulización de activos dependiera únicamente de su departamento como señaló ayer el también acusado Teófilo Sogorb (Planificación y Control).

"VOLUNTAD DE OCULTAR, NINGUNA" El exdirectivo ha indicado al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que las advertencias remitidas a sus superiores ponen de manifiesto que no se pretendía ocultar el estado de las cuentas. "Voluntad de ocultar, ninguna. Transparencia toda" ha dicho y se ha remitido al manual de funciones de la entidad para asegurar que era el área dirigida por Sogorb la que determinaba la clasificación contable de las operaciones y que su departamento solo estudiaba la mecánica de actuación y posterior gestión con el cliente.

El Ministerio Fiscal apunta que los ocho acusados -que enfrentan penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de cárcel-- se valieron de la incorrecta titulización de activos y de la reclasficación de créditos dudosos para alterar el balance e incrementar los beneficios de la entidad de forma "ficticia". La caja presentó en 2011 unos resultados positivos de 38,9 millones de euros pese a que las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1,136 millones de euros.

También denuncia en su escrito de acusación que la excúpula cobró unos beneficios tales como aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales e indemnizaciones por jubilación que costaron a la caja alicantina un desembolso indebido de 20 millones de euros.

"NO IBA A DAR PARA TODO"

Al respecto el ex responsable de Recursos Vicente Soriano ha declarado que se le comunicó que tenía que reducir entre un 2 y un 5 por ciento los gastos relaciones con las retribuciones y beneficios aunque él respondió que "no iba a dar para todo" y que no le salían los números . "Yo era consciente de la tensión de liquidez que había; 2010 no era como 2008 y 2009, los resultados que se mostraban eran entre un 20 y un 25 por ciento inferiores al año anterior", ha reconocido Soriano.

Al igual que declararon los anteriores acusados, Soriano -que se enfrenta a una pena de diez meses de cárcel-- ha alegado que los directivos cobraron únicamente la parte de los complementos retributivos retenidos correspondientes a ejercicios anteriores y renunciaron a los relativos a 2010 ante la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) con otras cuatro cajas para la puesta en marcha del Banco Base.

"La Comisión se tomó muy en serio el tema retributivo y se debatían los temas en profundidad", ha respondido Soriano a preguntas de su letrado y ha precisado que él aplicó una cláusula firmada por la cúpula que estipulaba que ante cualquier circunstancia se podría cancelar el cobro del bono extraordinario a largo plazo (BELP).

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo y que se encargó de enjuiciar a los 65 beneficiarios de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia, ha concluido el interrogatorio a los acusados y lo reanudará esta tarde con Juan Luis Sabater Navarro, exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez.