La exdiputada madrileña del PP Josefa Aguado niega ante el juez cualquier vínculo con la trama Gürtel

Según han informado fuentes de la investigación, la exdiputada regional ha descartado igualmente haber fraccionado el contrato para encubrir la adjudicación directa a la trama liderada por Francisco Correa de los servicios referidos a dichas olimpiadas.

Aguado, a la que se le atribuyen los delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, ha prestado declaración durante menos de una hora tras la que ha abandonado las dependencias judiciales sin hacer declaraciones a los periodistas.

De la Mata le había citado a las 12.30 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) devolviese la causa al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, encargado de instruir las piezas relacionadas con la trama Gürtel. El TSJM dejó de tener competencia para investigar a la exmandataria 'popular' cuando ésta dejo de ser aforada al entregar su acta como parlamentaria.

Según el auto de De la Mata, las decisiones de Aguado fueron "actos administrativos decisorios objetivamente arbitrarios", todos ellos "esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa", si bien según las mismas fuentes la magistrada ha negado estas acusaciones.

SE RATIFICA EN SU VERSIÓN

Al igual que expuso en un comunicado el pasado 26 de mayo, Aguado ha precisado que la firma de las facturas solo fue de recepción de servicios. El pasado mes dijo por escrito que tenía "absoluta disposición de aclarar delante del juez todas y cada una" de sus actuaciones en aquel momento.

Igualmente dijo que no tenía capacidad de decisión sobre contratación o adjudicación, ni formó parta de ninguna mesa de contratación, en relación a las actuaciones que se investigan de la empresa pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

OCHO INFORMES FAVORABLES

El magistrado apunta que tramitaron "el único expediente simulando su urgencia para que solo las empresas del grupo de Correa pudieran tomar parte en el mismo, pactándose para ello entre ambas partes los términos de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas antes de su publicación", explica De la Mata.

Especifica que la intervención de la exdiputada regional "se reduce a la emisión de ocho informes favorables a la aprobación de varias facturas". Una emitida por Easy Concept SL por importe de 89.000 euros y otras siete más, por un importe total de 67.260 euros.

Asimismo, indica que Aguado certificó las facturas cursadas admitiendo que el servicio "había sido prestado a satisfacción", aunque para el magistrado "existen evidencias de que se estaba duplicando el pago de conceptos que venían descritos en el pliego de prescripciones técnicas y que habían sido abonados ya con la primera factura, disponiéndose así ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros".

La exdiputada dimitió en base a la aplicación del código ético que suscribieron los diputados del PP de Madrid al inicio de la legislatura, que contempla la renuncia inmediata al acta en el caso de que el diputado sea investigado formalmente por un caso de presunta corrupción.