La causa contra el embajador de Kabul por el atentado talibán vuelve a recaer en el juez Pedraz

Según explicaba el magistrado en un auto hecho público este lunes, atendiendo las alegaciones de la Abogacía del Estado, que reflejó en un escrito el fallo que condujo a Pedraz a abrir las diligencias que han desembocado en la citada causa que se sigue contra el embajador y su segundo por una querella de los familiares de los agentes en la que se les acusa de homicidio imprudente por los fallos de seguridad de la legación diplomática.

El juez inició su guardia el lunes 14 de diciembre y se hizo cargo de la causa después de que se le informara de que los hechos habían tenido lugar el sábado, según la norma que indica que son de su competencia los hechos sucedidos desde las 12 de la noche del viernes anterior. No obstante, los hechos sucedieron el viernes 11 y no el sábado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó la pasada semana que no se puede acusar al embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, y a su segundo Oriol Solá, de delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.

En un escrito dirigido al juez, el Ministerio Público recuerda que los hechos sucedidos en la Embajada encajan con un delito de terrorismo, ya que los agentes murieron por un ataque yihadista contra la legación. Esa calificación es, sin embargo, "incompatible" con la imputada a los dos responsables diplomáticos en la querella que fue admitida por el magistrado hace unos días, presentada por familiares de las víctimas.

"El atentado terrorista sólo puede atribuirse a los miembros del grupo yihadista que fallecieron en la acción", recuerda la fiscal Dolores Delgado que agrega que eso convierte en imposible "establecer responsabilidades por imprudencia en su ejecución, al no estar prevista en el capítulo de los delitos de terrorismo la comisión por imprudencia de un delito de asesinato o homicidio".

FALLOS DE SEGURIDAD

La fiscal repasa en su escrito el atentado y precisa que en él murieron, además de los agentes Jorge García Tudela e Isidro Gabino dos empleados de la embajada de nacionalidad afgana y cuatro policías de ese país. Aporta, además, cuatro informes de 2014 y 2015 redactados por el responsable del equipo de seguridad de la legación en los que pide que se comunique al Ministerio de Exteriores "las deficiencias de la sede diplomática y las necesidad mínimas" para solventarlas.

Explica que unos días antes de producirse el atentado el coche del embajador fue seguido por un vehículo desconocido, presuntamente con intención de comprobar la accesibilidad de los coches al recinto.

La mañana del 11 de diciembre de 2015, día del ataque terrorista, un correo de la Agregaduría francesa alertaba de que había muchas posibilidades de atentado terrorista contra alguna de las sedes diplomáticas. A pesar de que el segundo embajador recibió la alerta los policías "no tuvieron conocimiento de ella hasta el viaje de regreso a España tras el atentado", dice el escrito.

Cuando el vehículo cargado con explosivos de los talibanes impactó contra el muro de la embajada, los talibanes accedieron al recinto en un ataque "minuciosamente preparado y planificado". En el camino, alcanzaron al primero de los agentes fallecidos con una granada. El resto de agentes se ocultaron con el sótano.

El segundo agente fallecido recibió varios disparos cuando salía en busca que uno de sus compañeros, destinado aquella mañana en la garita exterior. Permaneció herido varias horas hasta que sus compañeros lograron auxiliarle y falleció en el trayecto al hospital.

La fiscal destaca también que la Embajada se encuentra fuera del espacio de seguridad de la capital afgana lo que la convierte en un objetivo "especialmente vulnerable frente a posibles atentados en una ciudad donde la alerta en ese sentido es máxima".