El juez desestima el recurso del presidente de la UD Las Palmas contra su orden de búsqueda y captura

Al respecto, el magistrado incide en su resolución que el juzgado "se vio obligado" a ordenar que las autoridades detuvieran a Ramírez por su "conducta obstativa, contumaz y rebelde, con el consiguiente desprecio a la citación judicial que le fue cursada el día 13 de marzo del año en curso, dado que después de tener conocimiento de la misma decidió marcharse al extranjero, y pese a poder volver en fecha 4 de abril, lo que le hubiera permitido estar el 19 de abril, prefirió dilatar su declaración", según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Además Galván ratifica la legalidad de su orden, aunque ya "carece de sentido", puesto que Ramírez fue detenido y puesto a disposición judicial el 25 de abril, y desde entonces está en libertad provisional, al considerar acreditado que desde la notificación a las partes del auto de admisión de la querella del Ministerio Fiscal el 7 de marzo hasta el 19 de abril, fecha fijada para su declaración, Ramírez "tenía conocimiento de su situación, no porque se le notificara a través de su procurador, sino porque consta su citación en el domicilio que dio a efectos de notificaciones".

Sin embargo, matizó, "otra cuestión bien diferente" es que Miguel Ángel Ramírez "no se diera por aludido o notificado". En este sentido, agregó que en caso de duda debió, desde el 13 de marzo al 19 de abril, preguntar a su defensa o acudir al órgano judicial "para despejar o aclarar cualquier duda".

Asimismo, indicó que el que la defensa de Ramírez manifestara unilateralmente que el empresario iba a comparecer el 26 de abril acrecentaba "más la falta de respeto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuando deba recibírsele declaración".

Finalmente el auto concluye recordando que fue el propio Ramírez quien, una vez puesto a disposición del Juzgado el 25 de abril, "pide disculpas a este juzgador y al Ministerio Fiscal, por entender que se produjo un mal entendido con su defensa".

De este modo, para el juez, supone que "lógicamente" Ramírez "ni cuestiona la realidad de la legalidad de su citación, porque ni él ni su defensa en su actuación pueden ir en contra de sus propios actos".