La juez comienza este viernes a tomar declaración a imputados por la presunta financiación irregular del PSPV

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar como investigados este viernes a tres funcionarios en el Ministerio de Vivienda en 2008 por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2010 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, por el importe de 126.000 euros.

Estas declaraciones, que tendrán lugar a partir de las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, se encuentran en el marco de la investigación por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV) y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011 por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.

Los imputados que deberán comparecer ante la juez instructora son Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y José María A. G., interventor que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal del mismo órgano.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado jueves, la juez Pérez Barrios acordó investigar parte de este procedimiento, después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a su favor el pasado mes de enero. En este caso, el juzgado madrileño investiga el concurso ministerial de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010 concedido a la empresa Crespo Gomar, que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía.

FACTURAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS

El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inihibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

Fue el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

En el auto de inhibición el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.

FACTURAS FALSAS La investigación apunta que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Según la Policía, entre la documentación de esta sociedad se incluye un archivo denominado 'Estados de cuenta de Bloc', que cuenta con una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el se repite la palabra 'concepto', con una serie de empresas, de las que se sospechan que asumieron las facturas de la campaña de esta formación política en 2007.