El 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas niega todos los delitos y pide su libre absolución

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Lanzas reclama la nulidad de las actuaciones "al no constar" que su cliente haya sido citado para notificarle los hechos objeto de imputación, vulnerándose así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, mientras que también considera "nulo de pleno derecho" el auto de 30 de septiembre de 2016 que dio origen a esta pieza separada.

En este sentido, relata que su patrocinado, a la fecha de los hechos, actuaba como comercial del despacho de asesoramiento jurídico Estudios Jurídicos Villasís, especializado en asesoramiento laboral, de forma que "intervino como tal y con la participación de otros acusados ante los trabajadores en la negociación de la delimitación de las cantidades que habrían de entregarse a los 24 trabajadores" de Surcolor y Surcolor Óptica, empresas sometidas a un ERE.

En concreto, y según expone el letrado, Lanzas "fue requerido para prestar sus servicios" por el gerente de las empresas citadas, Manuel Castilla Bustamante, persona con la que se entendió como representante de las sociedades, "actuando conjuntamente con el mismo y representantes de los trabajadores, representantes sindicales así como con miembros del Estudio Jurídico para perfilar y determinar el plan de extinción de las relaciones laborales".

El abogado, en este escrito consultado por Europa Press, tacha de "totalmente incierto" que Lanzas "entrara en contacto" con el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "como se indica de contrario, ni que tuviera ningún tipo de actuación en la tramitación del expediente administrativo laboral ni en la inclusión de trabajadores no merecedores de indemnización".

"Las conversaciones con las autoridades laborales fueron llevadas directamente por representantes de las sociedades", de manera que Juan Lanzas, "por su formación profesional, no actuó ni en la tramitación del expediente a nivel de despacho profesional ni en las actuaciones llevadas a cabo en las sociedades en sus departamentos económicos", argumenta.

"TOTALMENTE INCIERTO"

De igual modo, y según agrega el abogado, Lanzas "es ajeno a los cálculos actuariales efectuados por Vitalia Vida S.A. a fin de definir el estudio de rentas como forma de pago de las indemnizaciones por despido negociadas ni intervino en la elección de dicha entidad para los fines indicados".

Asimismo, "es totalmente incierto" que su patrocinado "tuviera participación o influyera" en la redacción de la carta de conformidad suscrita el día 28 de junio de 2006 que Guerrero dirigiera a Apre Leven, "mediante la que se compromete al pago u abono de las cantidades que constan en los escritos de acusación".

El abogado concluye que también es "totalmente incierto" que su representado "cobrara por sus gestiones ante funcionarios públicos para conseguir fondos públicos", ya que "las percepciones recibidas lo fueron en su calidad de comercial y por las gestiones efectuadas en el despacho profesional citado y las empresas beneficiarias, sin que pueda considerarse bajo ninguna óptica legal que las comisiones percibidas tuvieran el carácter de erario público, toda vez que los fondos pertenecían a entidades societarias privada".

En la pieza separada de Surcolor, el juez Álvaro Martín procesó a un total de 16 personas, entre ellas el propio Lanzas y seis exaltos cargos de la Junta, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

PETICIONES DE ANTICORRUPCIÓN

Además, el magistrado procesó al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, a los ex trabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, a un abogado, a dos 'intrusos' --uno de ellos concuñado de Antonio Rivas--, a los responsables de Surcolor Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León, y a un representante sindical.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación, a su vez, en concurso medial con un delito de malversación, para Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín.

Asimismo, ha solicitado ocho años de prisión para Guerrero y para Antonio Rivas; seis años de cárcel y diez años de inhabilitación para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados, mientras que también ha reclamado que los acusados "restituyan" a la Junta la cantidad total de 984.921 euros.