Los condenados por terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración

Así lo ha confirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se han aprobado "dos pilares esenciales" del plan de regeneración democrática del Ejecutivo: el proyecto de ley reguladora del régimen económico de los partidos y el que regula el alto cargo de la Administración General del Estado, que serán remitidos al Parlamento para su tramitación parlamentaria.

Esta última norma incluye como novedades que los condenados por "determinados delitos", como el de terrorismo, no puedan ejercer cargos públicos mientras tengan antecedentes penales. "Esta medida ha sido avalada por el Consejo de Estado, que declara que el concepto de honorabilidad va más allá de lo profesional y debe ser de carácter general", ha explicado Sáenz de Santamaría.

Esta norma recoge los requisitos que deben cumplir los altos cargos, como la exigencia de una declaración responsable, al tiempo que regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación o crea un sistema de alta temprana de conflictos de intereses.

Además, la ley incluye un refuerzo de la oficina de conflicto de intereses, un aspecto que la Comisión Europea había pedido reforzar, según ha declarado Sáenz de Santamaría. "Así se lleva a cabo en esta ley", ha recalcado.

PUBLICAR LAS DONACIONES SUPERIORES A 50.000 EUROS

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos, que prohibirá las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito. Entre las novedades figura que las formaciones tengan que publicar en su página web las donaciones de personas físicas cuyo importe sea superior a 50.000 euros.

Esta norma regula la figura del tesorero, que tendrá la obligación de comparecer en sede parlamentaria una vez emitido el informe de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, según la vicepresidenta del Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha explicado que una de las observaciones que había realizado el Consejo de Estado es que, los partidos inscritos que no adaptasen sus estatutos, se pudiera proceder a su cancelación en el registro de partidos. Sáenz de Santamaría ha admitido que eso podía interpretarse como un supuesto de "ilegalización de partidos".

ACTUALIZAR EL REGISTRO DE PARTIDOS

Por eso, ha señalado que lo que han llevado finalmente a la ley es que las formaciones que no adapten sus estatutos a lo que dice la Ley de Partidos se les "cierre la posibilidad de llevar cualquier cosa a ese registro de partidos en tanto en cuanto no adapten sus estatutos".

La vicepresidenta ha subrayado que hay 4.080 partidos registrados, pero más de dos mil no habían tenido ninguna actividad ni realizado ninguna comunicación al registro en los últimos años. Por eso, ha invitado a los partidos políticos a actualizar el registro de partidos "porque se inscriben nuevos" pero no se dan de baja los existentes.