El único condenado de la 'Campeón' que no llegó a acuerdo con la Fiscalía recurre su condena ante el Supremo

El abogado de Javier Rodríguez, que dirige junto a un socio que sí que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía la asesoría Proitec, José Luís Fiuza, ha confirmado que el recurso de casación "se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo", para lo que se han esgrimido varios motivos, "tanto de vulneración de derecho constitucional como quebrantamientos de forma".

Ahora habrá que esperar otros "seis meses", ha señalado, para conocer si se acepta dicho recurso, calculando Fiuza que en torno a "un año o un año y medio" puede haber ya sentencia firme.

La Sección Segunda de la Audiencia de Lugo había fijado una pena para el empresario lucense de cuatro y nueve meses de prisión, respectivamente, como cómplice de un delito de fraude de subvenciones intentado y otro de fraude de subvenciones de fondos europeos consumado.

Javier Rodríguez fue el único de la decena de acusados, entre ellos el empresario Jorge Dorribo, que no alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. El principal procesado de la trama, sobre la concesión de subvenciones públicas que también salpicó al Igape a través de la firma farmaceútica Nupel, el propio Dorribo había aceptado cinco años y once meses de prisión, frente a los 19 que se le pedían inicialmente.

Fiuza ha argumentado en el recurso "respecto al delito consumado contra la hacienda pública, no se hace referencia a Javier (Rodríguez), ni tan siquiera aparece su nombre". "Y en cuanto al intentado aparece dos veces su nombre, no como autor sino como integrante de una sociedad", ha puntualizado.

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA

Además, "se ha interpuesto el recurso en base a que cuando se ordenó la intervención del teléfono" de su cliente "no había motivos para ello". "Esa intervención se realizó por una conversación que mantenía con otra persona que en aquellos momentos estaba imputada y donde no hay el más mínimo contenido delictivo, ni indicios de la comisión de un delito", ha sentenciado.

La 'Operación Campeón' se abrió en la primavera de 2011 a raíz de una investigación que dirigió la jueza Estela San José y que llegó a tener como investigados a medio centenar de personas.