El 75% de los ataques yihadistas en Europa hasta 2013 costó menos de 10.000 dólares

Las excepciones a esa regla fueron los atentados del 11M en Madrid (cuyo coste se estima en más de 60.000 dólares) y el complot abortado contra el mercado navideño de Estrasburgo (Francia) en 2000 (más de 20.000), además de la campaña de bombas del GIA argelino en Francia en los noventa.

Sólo un 25 por ciento de las células analizadas recibió apoyo económico de alguna red terrorista internacional como Al Qaeda, según una estimación que incluye no sólo los casos en los que se encontraron pruebas concretas de transferencias sino otros en los que hay pruebas de apoyo internacional en la organización, y por tanto puede deducirse que también hubo ayuda económica.

Sin embargo, la mayor parte de las células se ocupaban de recaudar su propio dinero y cerca del 50 por ciento estaban totalmente autofinanciadas, casi siempre por distintos métodos. De hecho, un 58 por ciento de las células tiró de fondos personales --sueldos, ahorros o subvenciones-- de sus miembros, un 28 por ciento se dedicaba además al robo y también un 28 por ciento al tráfico de armas, drogas u otros bienes.

Las células que se autofinanciaron, concluye el estudio, tuvieron más éxito en sus planes: un 53 por ciento de ellas consiguió llevar a cabo sus ataques, frente al 21 por ciento de las que recibían apoyo externo. En cambio, no parece que las células implicadas en actividades criminales fueran detectadas con más frecuencia que las que no.

El estudio, elaborado por el Norwegian Defence Research Establishment, se basa en un análisis de sentencias judiciales relativas a 40 células yihadistas que atentaron o intentaron atentar en Europa --de un total de 123 en esos años--. Sólo dos de las 40 células analizadas obtuvieron apoyo de organizaciones caritativas islámicas (el intento de atentar en aviones con explosivos líquidos desarticulado en Londres 2006 y el intento de atentar en Birmingham en 2011).

PRÉSTAMO PERSONAL PARA ATENTAR CONTRA 'CHARLIE HEBDO'

El autor del informe detecta una tendencia creciente en el recurso a fondos de procedencia legal --sueldos, ahorros, ayudas públicas--. El documento abarca hasta 2013 y, por lo tanto, no está incluido el atentado contra 'Charlie Hebdo' y contra un supermercado 'kosher' en París en enero de 2015, pero el documento del GAFI sí apunta cómo se pudo financiar.

Los tres terroristas implicados no tenían empleo, así que posiblemente se financiaron con un préstamo personal de 6.000 euros, obtenido con documentos falsos, con la venta en el extranjero de un coche de segunda mano y con transferencias obtenidas por la venta de mercancías falsificadas.

El propio informe avisa, sin embargo, de que aunque perpetrar un atentado parece barato, las organizaciones terroristas necesitan muchos fondos para mantener su actividad, difundir propaganda, reclutar miembros y adiestrarlos, así como compensar a sus familias. Un estudio de 2009, citado en éste, estima que los costes "de operaciones" de una organización terrorista pueden suponer sólo el 10 por ciento de su presupuesto total.

CUMBRE DEL G20

Atajar las fuentes de financiación del terrorismo yihadista es una de las prioridades de la comunidad internacional, y así lo han confirmado los líderes del G20 reunidos esta semana en Antalya (Turquía).

Precisamente, un informe elaborado por el GAFI para esta cumbre del G20 revela que Arabia Saudí es el país donde se han impuesto más condenas judiciales por delitos de financiación del terrorismo, un total de 863 desde 2010, muy lejos de las 100 declaradas por el segundo país en el ranking, Estados Unidos.

La cifra puede ser indicativa de la magnitud del problema en Arabia Saudí, pero el informe sólo incluye el dato y no detalla si las leyes de los distintos países son comparables o si en todos ellos se condena por financiación de terrorismo también a los combatientes extranjeros ('foreign fighters').

A finales de 2014, Arabia Saudí era el segundo país del mundo en salidas de combatientes extranjeros, con un total de 2.500, sólo por debajo de los 3.000 de Túnez, según informaciones periodísticas recogidas también por el GAFI en un documento sobre el llamado Estado Islámico (EI o DAESH) de principios de año.

El informe enviado al G20 de noviembre se basa en un análisis de 194 países y concluye que sólo cuatro de ellos no tienen tipificado el delito de financiación del terrorismo: Brasil -donde ya está en marcha-, República Checa, Libia y la Autoridad Palestina.

SÓLO 33 PAÍSES HAN DICTADO CONDENAS POR FINANCIACIÓN

El 71 por ciento de los países castiga también la financiación a organizaciones terroristas, aunque sea sin vinculación con un atentado terrorista. Sin embargo, sólo un 55 por ciento de los países considera delito financiar a un individuo terrorista para fines distintos a cometer un acto terrorista. Y sólo en 33 países se han dictado condenas por financiación del terrorismo.

Además, aunque en la mayoría de los países la financiación del terrorismo se considera un crimen grave, las penas aplicadas van desde la pena de muerte (en tres países) hasta condenas de cinco años de prisión o menos.