La acusación en el caso del Banco Popular pide que se investigue la fuga de fondos días antes de la intervención

La acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional por la quiebra del Banco Popular ha solicitado al magistrado Fernando Andreu que investigue la retirada de fondos de 64 instituciones y grandes empresas por valor de 4.000 millones de euros una semana antes de la compra del Santander por un euro el 7 de junio del año pasado.

El despacho Fonfría Abogados, que representa a los inversores de la entidad perjudicados por la operativa, expone que esta salida de fondos, de los cuáles 1.140 millones de euros corresponden a la Seguridad Social, agudizó la situación que atravesaba la entidad y "dio la puntilla" al sexto banco por volumen de negocio del país.

En un escrito mediante el cual amplían los hechos expuestos en la querella previa y al que ha tenido acceso Europa Press, piden al juez instructor que admita la documental aportada en relación a la fuga de los 64 clientes así como que requiera al Banco Popular los extractos de los movimientos de las cuentas de estas entidades desde el 1 de mayo hasta el 7 de junio del pasado año, cuando se intervino el banco.

En su opinión podría haber existido uso de información privilegiada en el proceso de liquidación del banco que se investiga en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre en dos piezas separadas; una relacionada con la ampliación de capital de 2016 por el importe de 2.505 millones de euros y otra con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con información presuntamente falsa antes de que la venta de lal entidad.

PRESUNTA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió causa contra los expresidente del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por los los presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción denunció que en la etapa de Ron en la presidencia (2004-2010) se trató de captar a los potenciales inversores proporcionando folletos con información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica del Banco Popular.

En cuanto a la segunda pieza separada, correspondiente a la época en la que Emilio Saracho presidió la entidad, se centra en si se realizó una campaña de desprestigio del Banco Popular para hacer caer el valor de la cotización de las acciones de la entidad y poder obtener importantes beneficios, lo cuál supondría un delito de manipulación del mercado.