Tres abogados de la familia del exbatería de 'Los Piratas' intentan demostrar que su muerte "podía haberse evitado"

A las 9.50 horas de este viernes ha arrancado en el Juzgado de lo penal número dos de Pontevedra el juicio contra el agente de la Guardia Civil que en agosto de 2015 disparó y causó la muerte a Javier Fernández, que había sido batería de la banda de rock 'Los Piratas'.

Los tres abogados que ejercen la acusación particular en representación de la viuda, el hermano y los padres del músico piden cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el agente, mientras que la Fiscalía y el abogado del Estado sostienen que éste desenfundó su arma reglamentaria para defenderse de la actitud agresiva de la víctima, ante lo que fue considerado como un posible caso de violencia de género.

Dos agentes del instituto armado habían acudido a una casa de Ponteareas (Pontevedra) para impedir una supuesta agresión doméstica. En el transcurso de la intervención, uno de los agentes disparó su arma de fuego reglamentaria e hirió mortalmente en el abdomen al músico.

Momentos antes del inicio de la vista oral, Manuel Novás, uno de los abogados de la familia, mostró su convencimiento de que van a poder acreditar que "la muerte se podía haber evitado". "A un enfermo psiquiátrico, en las condiciones en las que se produjo la actuación de la Guardia Civil, nunca, y digo nunca, se podría finalizar con el fallecimiento de esta persona", proclamó.

Este letrado también cuestionó "¿dónde estaba la situación de riesgo para poder introducirse, para poder allanar un domicilio?" y recordó que la mujer y el bebé estaban fuera de peligro. En su opinión, si la Guardia Civil no tenía medios para poder actuar en relación a un enfermo mental, tenía que "pedir ayuda". "Tienen que pedir instrucciones a sus superiores o, lógicamente, mandamiento judicial al juzgado. Lo pidieron: no", concluyó.

ESCRITO FISCAL

Sin embargo, en su escrito, el fiscal relata que aquel 26 de agosto de 2015, cuando los guardias entraron en la casa, ya había acudido personal médico y un amigo de la familia, Telmo Barciela, que había sacado de la vivienda al bebé de ocho meses. Añade que el músico "se encontraba muy alterado y descompensado de sus problemas psiquiátricos y gritó que los mataría a todos".

Según la versión de los hechos que detalla la Fiscalía, Javier Fernández abrió un cajón de cubiertos, agarró un cuchillo y un tenedor y se abalanzó sobre uno de los agentes, "golpes susceptibles de causar la muerte", según el fiscal. Fue entonces cuando el guardia, "con intención de salvar la vida de su compañero", desenfundó su arma y disparó a las piernas del músico.

El representante del Ministerio Público también hace constar que "el agente no era tirador selecto ni había recibido formación ni entrenamiento específico" para el uso del arma a corta distancia en situación de tensión.

PRUEBAS CONTRA EL AGENTE

En este sentido, esta mañana, Gerardo Gayoso, otro de los abogados que ejerce la acusación particular, consideró que las pruebas contra el agente "son muy contundentes" y afirmó que se pudo haber evitado la muerte del músico, conocido como 'Hal 9000'. "Entendemos que sí y es a lo que venimos aquí, a que se haga Justicia y a que haya una sentencia en ese sentido", expuso.

Concretamente, Gayoso señaló, entre las "pruebas contundentes", a la autopsia en la que se refleja que la trayectoria del disparo que causó la muerte a Hal es "de arriba abajo, entrando por el hipocondrio izquierdo y saliendo por el glúteo derecho", por lo tanto es descendente". "Eso de que se disparó a la pierna y la bocana de la pistola se le fue hacia arriba, bueno, sería en todo caso un disparo que la trayectoria indicaría que entraría de abajo hacia arriba, es totalmente diferente", argumentó.

Finalmente, María Sarabia, la tercera abogada de la familia, entró en la sala de vistas convencida de poder demostrar que la actuación de los agentes "fue claramente imprudente". "Una imprudencia además grave, porque era un disparo innecesario", dijo y añadió que "fue innecesaria y desproporcionada".

Por esto, María Sarabia descartó que la acción del guardia pueda encuadrarse en una actuación "amparada en la legítima defensa, ni con la excusa o justificación de cumplimiento de un deber". "No había una situación de alarma ni de inseguridad o peligro para la vida de las personas que estaban allí, concretamente, del fallecido, y creemos que su muerte ha sido completamente innecesaria", concluyó.