La abogacía catalana ve el encarcelamiento de políticos "inconveniente y desproporcionado"

El Consejo de la Abogacía Catalana, que aúna los colegios de abogados catalanes, ha expresado este lunes que la medida de prisión provisional acordada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra políticos soberanistas procesados por un delito de rebelión es "inconveniente y desproporcionada".

En un comunicado, ha asegurado que "no se dan los supuestos para aplicarla" puesto que los investigados han cumplido con los requerimientos judiciales durante el procedimiento, y ha puntualizado que respecto a los que ingresaron en prisión el viernes, entre ellos el presidenciable Jordi Turull (JxCat), nada ha cambiado desde las últimas decisiones judiciales de dejarles libres con medidas cautelares, han expresado

El Consejo ha opinado que, respecto al delito que atribuyen a los políticos soberanistas, "sin violencia no hay rebelión", y ha puntualizado que las dudas materiales y jurídicas sobre su existencia no pueden articularse en contra de los procesados.

Ha emplazado a los representantes políticos a dedicar todos los esfuerzos, recursos e inteligencia en alcanzar acuerdos que permitan "superar el conflicto con una mirada elevada" que tenga en consideración los intereses colectivos.

RESPUESTA POLÍTICA

Según el Consejo de la Abogacía, "un pueblo que se esfuerza por convivir en paz, que practica los valores de la solidaridad y pone la libertad por encima de toda fórmula de convivencia, merece una respuesta de calidad" que solo puede proporcionar la política.

Desde esta institución recuerdan que el Derecho constituye una de las expresiones esenciales de la convivencia y que hay que velar por que responda a los valores de "justicia, igualdad y dignidad para la ciudadanía".

Como decanos de los colegios catalanes, se muestran convencidos de que hay que dar una oportunidad al derecho, pero puntualizan que para hacerlo posible hay que respetar la presunción de inocencia y garantizar el derecho de defensa de todas las personas procesadas.

"La magistratura ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de nuestra democracia, y así debe continuar siendo. Pero observamos que algunas de las recientes decisiones del Tribunal Supremo han merecido serias dudas y reproches desde instituciones garantes de la defensa de los derechos humanos", reflexionan.