Zoido se reúne con Rajoy y Santamaría en Moncloa para analizar la situación en Cataluña

Previamente, el titular de Interior ha reunido de urgencia a primera hora a los directores generales de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, y de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para estudiar las medidas "dentro del Estado de Derecho que frenen el intolerable acoso" contra agentes por parte de grupos independentistas en Cataluña. También ha asistido el secretario de Estado José Antonio Nieto.

Fuentes de Interior han explicado a Europa Press que encima de la mesa se han barajado "todas las medidas" posibles para defender la legalidad y mantener su compromiso con las órdenes judiciales, desde que se les dio instrucciones para impedir el referéndum ilegal del pasado domingo, 1 de octubre.

Todos los sindicatos de la Policía Nacional han realizado una nueva llamada ante el Ministerio del Interior para que "ataje de inmediato" el acoso que sufren los agentes desplazados a Cataluña en el dispositivo para frenar la independencia, avisando de que, de no ser así, exigirán dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En un comunicado, SUP, CEP, UFP, SPP y ASP critican los "ataques, acoso, persecución y señalamiento" en una campaña "simultánea" en la que se han elegido objetivos como hoteles y comisarías para "poner en el centro de la presión de determinado sector social a quienes se han limitado a cumplir con la legalidad durante el 1-O, por orden judicial".

"Esta práctica, de extrema gravedad en una democracia y propia de dictaduras fascistas, descansa en el acoso personal a los agentes". Por eso piden a Zoido que "ataje de inmediato con todas las medidas legales, logísticas, políticas o de cualquier tipo que pongan fin a estas prácticas mafiosas". "Ya es hora de que deje de escurrir el bulto", le dicen al ministro.

Las asociaciones de guardias civiles también han reclamado que se proteja a los agentes que desempeñan su trabajo amparado por el mandato judicial. Todas las organizaciones profesionales han pedido al Estado que actúe ya para frenar lo que interpretan como una "campaña orquestada por una minoría radical para dinamitar el marco de convivencia".