La juez Núñez cita este jueves como investigado a Viera por ayudas de los ERE al Ayuntamiento de Alcolea (Sevilla)

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar como investigado a José Antonio Viera este jueves día 9 de febrero.

No obstante, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el abogado del ex consejero ha solicitado la suspensión de la declaración, por lo que probablemente la comparecencia no se lleve a cabo finalmente.

En este auto, la instructora rechaza asimismo imputar al que fuera alcalde socialista de esta localidad sevillana, Carlos López Barrera, y cita a declarar en calidad de testigo, también este jueves, a la secretaria municipal en la fecha de los hechos.

En un escrito elevado al Juzgado, Anticorrupción solicitó a la juez la citación como investigados de José Antonio Viera, del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y del ex primer edil de Alcolea.

Así, la Fiscalía precisa que el ex alcalde se refirió a Viera, en la fecha de los hechos consejero de Empleo, "como la persona que le concedió verbalmente, al menos, la primera ayuda de 60.000 euros" en una reunión "en la que también estaba presente" Guerrero, "y que también como consejero amparó la concesión de la segunda ayuda".

GUERRERO Y LOS "COMPROMISOS POLÍTICOS"

La Dirección General de Trabajo y Seguridad Social habría concedido al Ayuntamiento de Alcolea del Río dos ayudas de 60.000 euros --pagadas en 2003 y otra en 2004-- con cargo a la partida presupuestaria 31.L para la celebración de la Feria de Desarrollo Rural Equivir.

Guerrero compareció como investigado ante la magistrada la pasada semana por las ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Villafranca y Alcolea del Río y, aunque se acogió a su derecho a no declarar, sí quiso manifestar que él no tomaba las decisiones y que simplemente "documentaba los compromisos políticos".

Hay que recordar que tanto Viera como Guerrero permanecen encausados en la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, de manera que la Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.