Vicepresidente del Parlamento catalán acusa a JpS y Cup de utilizar un "fraude de Ley" para violar las órdenes del TC

La resolución independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado mes de julio "contravino frontalmente" las órdenes del Constitucional, ha defendido en su informe ante el TC el vicepresidente segundo de la cámara, el miembro de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra.

Espejo-Saavedra, que ha registrado este lunes en el tribunal el informe que solicitaron los magistrados tras la suspensión de la resolución a todos los miembros de la Mesa de la cámara autonómica, considera que la mayoría independentista integrada por Junts pel Sí y la CUP empleó "un fraude de ley en toda regla" para lograr su objetivo.

"Ha primado más el interés y la filiación política que la observancia de la Ley", dice en su escrito en el que agrega que ambas formaciones tenían la "evidente e incluso explícita voluntad de ignorar o eludir" las sentencias del TC en las que se les prohibía llevar a cabo iniciativas de carácter separatista y se instaba a impedirlas o paralizarlas.

El vicepresidente recuerda que expresó su discrepancia respecto a las conclusiones de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente y se opuso a la tramitación por parte de la Mesa de la iniciativa.

VOTÓ EN CONTRA

El informe de Espejo-Saavedra detalla los pasos que condujeron a la aprobación del texto de ruptura con España. Desde las primeras reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa previas al Pleno del 27 de julio hasta la aprobación definitiva, el miembro de C'S votó en contra de cada uno de los pasos que la cámara fue dando.

El escrito califica la estrategia por la que JpS y la CUP lograron introducir la votación de las conclusiones de la Comisión en el orden del día, como un intento de la Presidencia de la Mesa, ejercida por Carme Forcadell, de trasladar su responsabilidad al conjunto de los diputados del Pleno "que están amparados por la inviolabilidad".

El objetivo era, en su opinión, conseguir el objetivo prohibido por el TC amparándose en una norma parlamentaria prevista para otras finalidades. "Se ignoraba o se quería ignorar" que la presidenta Forcadell tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los tribunales, dice.

En declaraciones a los medios tras presentar el documento, Espejo-Saavedra ha insistido que lo que pasó la última semana de julio incumplió las órdenes del TC y que debe ser el tribunal el que decida lo que ocurre "con las responsabilidades de cada uno de los intervinientes en ese proceso".

"Teníamos la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa y esas conclusiones no podían votarse por el Pleno. Sin embargo, mediante un fraude de ley del reglamento del Parlamento, se permitió la aprobación", ha reiterado.