El juez Velasco cita a una empleada de Cofely por la mordida que cobró el diputado del PP Bartolomé González

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama 'Púnica', ha citado a declarar en calidad de investigada el próximo 14 de marzo a la empleada de Cofely Gaela Hamon, en relación a la elaboración del contrato de una adjudicación en Alcalá de Henares (Madrid) por el que presuntamente el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y el exalcalde del municipio madrileño, Bartolomé González, pactó el cobro de una mordida de 60.000 euros.

Velasco investiga a la que era asistente del director de mercado público en Cofely, Pedro García Pérez, por su "conocimiento y colaboración necesaria en los conciertos urdidos para elaborar unos pliegos ad hoc en connivencia con los ediles municipales y funcionarios de todos los ayuntamientos investigados", según dice una providencia que se ha dado a conocer este lunes.

Según el juez instructor, las aportaciones que hizo Hamon redactando pliegos, "sugiriendo valores" en las evaluaciones de las ofertas y facilitando informes de consultoría, y otras actividades, hacen que ésta sea investigada por unos hechos que pueden ser considerados ilícitos de cohehco, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad, tráfico de influencias, violación del secreto, prevaricación y organización criminal.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el 9 de septiembre de 2016, y que fue incluido al sumario del caso 'Púnica', existen varios indicios que apuntan a que Bartolomé González pactó con García Pérez el cobro de una mordida de 60.000 euros por la adjudicación del contrato de Cofely en Alcalá de Henares. Esta investigación confirmó así la confesión realizada en su día por el empresario y presunto cabecilla de la trama David Marjaliza ante el juez Velasco.

La UCO precisó que desde Cofely --empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez-- se pudo utilizar la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña S.L. "instrumentalmente, con el único fin de generar una factura falsa por importe de 60.000 euros para la ejecución de unas obras en instalaciones municipales de Alcalá de Henares (Madrid)".

DISCULPAS DE COFELY POR EL RETRASO EN LA 'MORDIDA'

El informe añadía como indicio otro detalle: que el ejecutivo de Cofely "pidiera disculpas por el retraso en el pago de esa factura a David Marjaliza". Ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Marjaliza señaló que no recordaba si la mordida se acabó pagando o no, "pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo", en alusión al alcalde.

La Guardia Civil recordó también que Marjaliza confesó al juez "que los pagos a políticos los hacía él, y que en los primeros meses del contrato público, cuando había que hacer obras recuperaba esos adelantos hinchando el precio de las facturas de Construcciones y Reformas de la Peña S.L".

Otro de los jefes de Cofely, José Antonio Hernández Pérez, habría elaborado el presupuesto de Construcciones y Reformas de la Peña para la realización de diversas obras en el municipio. El citado presupuesto ascendió a 60.000 euros y la factura --sin IVA--, fue remitida al Consistorio a pesar de que en la Dirección de área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá la empresa no figura en la relación de subcontratas utilizadas por Cofely.

El informe señaló incluso a la autora de dicha factura, que fue Ana Ramírez, secretaria y persona de confianza de Marjaliza, pues era quien elaboraba las facturas que la Constructora De la Peña emitía a Cofely. Concluyeron los investigadores que el propietario de esta empresa era conocedor del uso interesado que David Marjaliza hacía de la mercantil.

REUNIONES CON EL ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL

En el mismo informe, la Guardia Civil dice que el ejecutivo de Cofely Pedro García participó en la fase de preparación del contrato en Alcalá de Henares y que para ello mantuvo reuniones con el asesor jurídico en el Ayuntamiento Fernando García Rubio, aprovechándose de su condición de éste como miembro de la Mesa de Contratación para dirigir la licitación en beneficio de su compañía. También se apuntó que el Gerente del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental del municipio David Larrazabal se habría concertado con Hamon para la elaboración del contrato.

Además, en algunos correos electrónicos de trabajadores de Cofely incautados por la Guardia Civil éstos presumen de su acceso a una persona del Ayuntamiento de Alcalá a la que se refieren como "el Jefe", lo que según la UCO les hubiera permitido "influir en la preparación de la adjudicación del contrato en beneficio de Cofely".