El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales

El Tribunal Supremo se ha acogido al criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto. Así, la Sala ha designado como instructor de esta causa al magistrado Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, que, previsiblemente, llamará a declarar a Barberá en las próximas semanas.

La resolución del Supremo destaca que los hechos descritos por el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez --encargado de la investigación y que envió al Supremo la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril-- que justifican la imputación de Barberá, bastan para proceder a la apertura de investigación para determinar si hay hechos delictivos.

Asimismo, el auto con fecha de este martes, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, señala que los hechos imputados al resto de personas que no son aforadas debe continuar en el órgano competente, "sin perjuicio" de remitir al alto tribunal los datos que tengan relación con Barberá.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Rita "una más de las personas" que aportaron 1.000 euros

Así, la Sala asume los razonamientos del juez instructor de Valencia y dice que resulta "imprescindible" continuar los hechos. En el escrito, el magistrado implica a la senadora 'popular' por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.

El juez, no obstante, incidía en su escrito que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

Detallaba también las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incidía en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Apuntaba que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Delito en las mordidas

El instructor, que declaró la causa "compleja", precisaba que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero consideraba "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque negaba que se lo reintegraran. Sus explicaciones resultan, en opinión del juez de Valencia "insuficientes" para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.