El fiscal pide confirmar la condena de inhabilitación de Elpidio José Silva

Durante la vista celebrada en el alto tribunal para revisar la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Casado González ha destacado que el fiscal recurrió hasta en 10 ocasiones distintas decisiones tomadas por el que exmagistrado y ha minimizado la trascendencia, pretendida por la defensa de Silva, de que la decisión de inhabilitarle contara con un voto particular.

"El voto disidente no es el de la mayoría, ésta considera lógico y racional que el acusado pretendió instruir una causa general contra Blesa", ha destacado el fiscal.

El abogado defensor de Silva, que ha presenciado la vista desde los bancos habilitados para el público, ha destacado, por su parte, que las resoluciones de su defendido pueden considerarse erróneas o incorrectas pero, en ningún caso, prevaricadoras. Gonzalo Boyé también ha manifestado que sus decisiones fueron revisadas por otras instancias de los tribunales madrileños que nunca detectaron que pudiera estar incurriendo en una prevaricación.

A CIENCIA Y A CONCIENCIA

"Prevaricó a ciencia y a conciencia", ha acusado el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, durante la exposición de su informe ante los magistrados del alto tribunal Manuel Marchena, Francisco Monterde, Andrés Palomo, Carlos Granados y Andrés Martínez Arrieta, que ha sido designado ponente, que estudiarán la sentencia en la que se le atribuía un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales y que conllevó su expulsión de la Carrera Judicial.

La resolución del tribunal madrileño impuso también al juez inhabilitado el pago de una multa de 6.310 euros y el pago de 10.000 euros a Díaz Ferrán por daños morales. El tribunal le acusó de adentrarse en una "inquisición general" contra Blesa, extralimitándose en sus funciones, sin motivar sus resoluciones y actuando con una "execrable" parcialidad a favor de la acusación ejercida por Manos Limpias. "Le importaba poco la ley", dice.

"Desplegó una voluntad decidida a investigar de modo integral toda la supuesta mala gestión de Blesa al frente de la caja, adentrándose en una inquisición general para descubrir cualquier delito conectado a los hechos denunciados a costa de irle restando garantías", determinó el tribunal.

FORMÓ UN "TÁNDEM" CON LA ACUSACIÓN

La sentencia que ahora se revisa encuadró el proceder de Silva en un "plan preconcebido" o aprovechándose de las circunstancias con el fin de favorecer a Manos Limpias, con cuyo abogado "formó un tándem" y mantuvo reuniones sin el resto de partes.

Tildaba de "disparate jurídico" que Silva apreciara una conexidad entre su investigación sobre el préstamo de 26 millones de euros concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán con la compra del City National Bank de Florida con el fin de apropiarse de ambas causas y convertir el proceso en un "instrumento 'ad hominem' de búsqueda de responsabilidades".

"El juez obraba con la conciencia de estar dictando resoluciones con total apartamiento del principio de legalidad", recogía la resolución, que censuraba su "voluntad persecutoria" contra Blesa, a quien limitaba sus posibilidades de defensa. "Produjo una auténtica quiebra técnica de la imparcialidad y la esencia de todo proceso como es la dualidad de las partes", añadía.

A PRISIÓN

El Tribunal Superior de Justicia consideró probado que Silva ordenó en noviembre de 2012 reabrir las actuaciones que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán, que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

El 5 de diciembre de aquel año tomó declaración a Blesa en calidad de imputado por irregularidades en la adquisición del banco estadounidense y dos días después ordenó una "extensísima" batería de medidas a través de una providencia redactada en términos "muy enérgicos", en la que pedía investigar hasta el patrimonio de los familiares de Díaz Ferrán y Blesa o los correos electrónicos corporativos de este último.

El juez envió finalmente a Blesa a prisión el 16 de mayo de 2013. Tras haber pagado la fianza de 2,5 millones, el magistrado ordenó de nuevo y en menos de un mes su vuelta a la cárcel madrileña de Soto del Real. Blesa permaneció quince días y dijo al salir: "Quiero un juez imparcial".