El Tribunal de Cuentas estudia si da más tiempo a Mas para pagar su fianza

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas resolverá previsiblemente el próximo jueves sobre la petición del expresidente de la Generalitat Artur Mas de ampliar el plazo para poder depositar los más de dos millones de euros que le resta aún pagar como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este órgano, que señalan que la acreditación del ingreso de 2,1 milllones de euros (el total de la fianza asciende a 5,25 millones) que anunciaron ayer los abogados del expresidente de la Generalitat se ha recibido este martes en el órgano fiscalizador.

El escrito en el que se acredita este pago y se pide una ampliación en 15 días del plazo para el ingreso del resto será estudiado ahora por el órgano fiscalizador y posiblemente se dé una respuesta al mismo el próximo jueves, según las mismas fuentes.

El escrito de los abogados de Mas se remitió también en nombre del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern. En él se solicita una ampliación del plazo inicial atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y añade que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada --5.251.948,17 euros-- responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.

El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.