El Tribunal de Cuentas detecta cambios en Tranvía de Parla sin relación con el proyecto inicial y sobrecoste del 38,6%

El Tribunal de Cuentas considera que determinadas obras del tranvía de Parla no previstas en el proyecto inicial presentaban una relación funcional "inexistente" con el objeto principal del contrato de concesión, infraestructura que presentó además un sobrecoste del 38,6 por ciento de construcción sobre el montante inicialmente previsto.

En este sentido, el órgano fiscalizador expone que el Consistorio optó por esta infraestructura para la movilidad interna de la localidad "sin que se haya acreditado la existencia de estudios previos en los que se analizara este medio de transporte frente a otros alternativos" y sin que tampoco se valorara el impacto económico de este medio de transporte en la administración local.

Además, estipula en relación a la tramitación de los expedientes contractuales para el desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía que el pliego de cláusulas administrativas "particulares" del contrato de concesión adolecía de "carencias" e "indefiniciones".

Así lo ha detallado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en la comisión mixta del ramo en el Congreso de los Diputados en relación con el informe de fiscalización sobre el desarrollo y gestión de los tranvías de Parla y Zaragoza.

En este sentido, ha subrayado que desde que se adjudicó la concesión en 2005, la situación financiera del Ayuntamiento de Parla muestra un "sucesivo empeoramiento de la situación deficitaria". Solo a partir de modificaciones presupuestarias, por los préstamos solicitados para afrontar pago a proveedores, se "fueron regularizando el presupuesto de las facturas pendientes".

FALTA DE JUSTIFICACIÓN EN CAMBIOS ACOMETIDOS

El informe elaborado por el Tribunal de Cuentas determina, en lo relativo a la elaboración y ejecución del proyecto constructivo y a la recepción de las obras, que "no se justificó debidamente" para "ninguna" de las modificaciones del contrato que resultaran de necesidades nuevas o causas imprevistas.

El estudio revela que el coste total por todos los conceptos generado en la construcción del tranvía ascendió a 130,7 millones de euros, de los cuales 129,6 millones correspondían a las obras de construcción y al suministro del material móvil, lo que supone un incremento del 38,6 por ciento respecto del coste inicialmente previsto.

A finales de 2014, según expone las conclusiones del informe de fiscalización, quedaban pendientes de registro y de imputación al presupuesto 56 millones de euros.

Por otro lado, el importe total de los compromisos económicos del Ayuntamiento devengados hasta el 31 de diciembre de 2014 por todos los conceptos relativos al tranvía ascendía a 180,5 millones de euros (cantidad que incluye el importe de construcción unido a los compromisos de inversión y exploración).

De esta cantidad, se habían cancelado por abonos al concesionario 138,6 millones de euros, de los que 80,3 millones de euros fueron satisfechos en virtud de los mecanismos de pago a proveedores.

A su vez, el Tribunal de Cuentas determina que en el estudio de viabilidad funcional y económica "no se valoró el posible coste para la administración" de la inversión a realizar.

También explica que el objeto del contrato de concesión comprendía la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación del servicio y se disponía que dicho objeto era susceptible de ser ampliado mediante la presentación de mejoras, dejando "margen de discrecionalidad a los licitadores para la formulación de aquellas en sus ofertas".

RECOMIENDA MÁS ESTUDIO ECONÓMICO Y MÁS RIGOR EN LA CONTRATACIÓN

Respecto a este informe, el órgano fiscalizador recomienda en los relativo a la ejecución de grandes infraestructura en municipios que "debería asegurarse la disponibilidad de recursos suficientes para su financiación y mantenimiento, sin comprometer el equilibrio financiero de las entidades responsables de su pago".

Asimismo, aconseja que antes de acometer la ejecución de tales infraestructuras, deben realizarse los estudios previos "necesarios", en los que deben analizarse las posibles alternativas existentes; valorarse que la opción elegida "es la más adecuada" en su conjunto y que resulte "viable" en cuanto a su construcción y gestión, en términos de sostenibilidad económico-financiera, social y medioambiental.

También expone que debe haber "un mayor rigor" en la tramitación de las fases de preparación y adjudicación de los contratos que se celebren.

"En los informes técnicos debería motivarse suficientemente la valoración de las ofertas, en todos sus términos, de modo que pueda verificarse que las puntuaciones han sido otorgadas con sujeción a los principios de objetividad y transparencia", zanja el Tribunal de Cuentas.