Tribunal de Cuentas espera que la Oficina de Conflicto de Intereses haya mejorado la vigilancia sobre los altos cargos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha mostrado este lunes su confianza en que el nuevo rango y las nuevas funciones que se otorgaron a la Oficina de Conflicto de Intereses en 2015 se estén traduciendo ya en una mayor eficacia en el desempeño de las tareas de este organismo encargado de vigilar las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos.

Así lo ha puesto de manifiesto Álvarez de Miranda en el Congreso donde ha expuesto el informe relativo al periodo 2012-2014 que desveló que esta oficina, adscrita al Ministerio de Hacienda, no verificaba las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado, ni tampoco buscaba posibles omisiones en los mismos.

Tras ofrecer algunos detalles de este informe ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el máximo responsable del fiscalizador ha recordado que con la Ley de reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en marzo de 2015, se dotó de nuevas competencias a la Oficina de Conflicto de Intereses.

Además de contar con un mayor rango administrativo, la oficina cuenta desde entonces con nuevas funciones, más medios y más posibilidades de colaboración con otros organismos como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro Mercantil o el Registro de Fundaciones. Según Álvarez de Miranda, estas novedades deberían haber redundado ya en mejoras en el funcionamiento de la Oficina de Conflicto de Intereses.

SÓLO ACTÚA TRAS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS

En su informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del rector público estatal, el tribunal criticaba que la Oficina de Conflictos de Intereses "se limitó" entre 2012 y 2014 a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero "no desarrolló las facultades" que ya entonces le atribuía la ley para "verificar e investigar" la información declarada.

El organismo que vigila las incompatibilidades tampoco utilizó la posibilidad legal que tiene de colaborar con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social para comprobar la documentación o detectar posibles omisiones, y ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello.

Igualmente, no comparó las declaraciones con las inscritas con anterioridad. "Únicamente se solicitaron aclaraciones sobre datos o actividades previamente declaradas por los propios altos cargos o sobre noticias aparecidas en prensa. No se realizó comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos de las entidades fiscalizadas que no declararon actividades ni aparecieron en prensa", añade el informe.

NO VALORA POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES

Por otra parte, el departamento que dirige Ramón Álvarez de Miranda critica que la Oficina no valorara la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación.

"Sin embargo, pueden existir casos en los que la actividad pública que se inicie esté relacionada con las funciones que desempeñó el alto cargo, otros en los que las decisiones adoptadas por el mismo puedan afectar a las entidades públicas o internacionales en las que vaya a prestar servicio, y también casos en los que la actividad de una empresa de nueva creación esté relacionada con funciones que desempeñó el alto cargo", advierte.

Fue el caso, por ejemplo, de dos exconsejeros de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los cuales reingresó como trabajador en el mismo organismo mientras que el otro comenzó a ejercer de consultor para las Autoridades de la Competencia del Sistema de Integración Económica Centroamericana, de asesor del comisario de la competencia de la Comisión Europea y de experto de la Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo para la competencia y protección del consumidor en América Latina.

De hecho, entre 2012 y 2014 la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y tampoco inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno.

Del mismo modo, durante el periodo fiscalizado no se comunicaron ni inscribieron las abstenciones de los altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni se realizaron averiguaciones al respecto.

LA INFORMACIÓN QUE DA AL CONGRESO, POCO ÚTIL

Con respecto a los informes que la Oficina envía periódicamente al Congreso, el Tribunal de Cuentas considera que "resultan poco útiles para ofrecer información relevante sobre las actividades y los posibles conflictos de intereses" pese a cumplir con todas las previsiones legales.

Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a la Oficina que establezca criterios y procedimientos para determinar cuándo hay que iniciar actuaciones de verificación y también para llevar a cabo comprobaciones "periódicas y aleatorias" de las declaraciones presentadas por los altos cargos.

El informe de fiscalización incluye, junto a los ya mencionados, a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el ICEX, la Agencia Tributaria (AEAT), el Instituto Cervantes, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o Agencia Española de Protección de Datos, entre otras.

42,4 MILLONES EN INDEMNIZACIONES PARA DIRECTIVOS En otro apartado del documento, el Tribunal de Cuentas detallaba también que entre 2012 y 2014 el gasto en retribuciones e indemnizaciones de directivos públicos superó los 42,4 millones de euros.

En concreto cuestionó que cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesasen de sus cargos pocos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa.