Plantean veinte medidas para luchar contra la corrupción en España

En un comunicado, esta organización no gubernamental ha llamado a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios a ponerse "a la altura de los ciudadanos" y a alcanzar "un pacto integral y efectivo" contra la corrupción. De esta manera, ha instado a adquirir veinte medidas "urgentes" en esta materia entre las que destacan: la promoción de una "despolitización" de los órganos constitucionales, la reducción del número de aforados o la prohibición de conceder indultos a personas condenadas por corrupción.

TI-España considera también que debe reducirse "el clientelismo político", incluir en el código penal el delito por "enriquecimiento ilícito" y desarrollar un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia. Además, ha propuesto la aprobación de un reglamento de esta última ley, "todavía pendiente" desde que se publicase hace cuatro años.

Por otro lado, estima necesario que los ciudadanos se sientan "protegidos legalmente" con la redacción de una ley de protección a los denunciantes; regular los 'lobbies'; que haya más transparencia en las formaciones políticas; que se cumpla con la publicación en la plataforma de contratación del sector público; o que se elimine el sistema de libre designación de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.

LA EDUCACIÓN, "SOLUCIÓN MÁS EFECTIVA"

"Los partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos", mantiene TI-España, y añade que las empresas públicas deben cumplir "unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas" a la ciudadanía.

Por último, enumera siete medidas para "aumentar la independencia" de la Fiscalía General del Estado: aprobar un código de ética de la Fiscalía; acabar con su "dependencia financiera" respecto al Ejecutivo; afrontar la "lentitud" de la Justicia; que se dé una mayor transparencia en el nombramiento de los fiscales; reformar jurídicamente la carrera fiscal; transparencia en los planes de actuación de los fiscales; y autonomía en la dotación de nuevas plazas.