La juez de las adjudicaciones de Tomares (Sevilla) llama a declarar al alcalde y senador José Luis Sanz el 19 de marzo

Recordemos al respecto que el Tribunal Supremo había devuelto el caso al Juzgado de Instrucción número ocho porque aunque José Luis Sanz goza de la condición de aforado por su condición de senador, dado el estado de las actuaciones, procedía que la juez de instrucción tomase declaración al primer edil "si voluntariamente se prestase a ello".

Tras ello, la juez de instrucción requería al primer edil para que en un plazo de tres días informase "si voluntariamente accede a prestar declaración en calidad de investigado", toda vez que ya en esta providencia de fecha 6 de marzo, la juez da cuenta de que Sanz ha comunicado que "acudirá a declarar como investigado en este juzgado cuando sea llamado". A tal efecto, la juez ha fijado su comparecencia para las 10,30 horas del 19 de marzo.

EL AUTO DEL SUPREMO

En un auto fechado el pasado 8 de febrero y recogido por Europa Press, el Supremo respondía a la exposición razonada que le había elevado el pasado mes de noviembre la juez de instrucción respecto a la investigación de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la sociedad Guerra 21 y el "entramado empresarial" al que pertenecería la entidad, toda vez que la Fiscalía aprecia un posible delito continuado de prevaricación administrativa y ve "indicios" sobre el alcalde del municipio y senador popular por Andalucía, José Luis Sanz.

Según el Supremo, a la hora de valorar "la necesidad de recibir declaración al aforado (por parte de dicha instancia) y en su caso continuar con la práctica de diligencias", "no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado". Por contra, "es indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia exponga las razones que determinarían la incoación por el Supremo del procedimiento especial y esa exposición razonada debe ser lo suficientemente exhaustiva para delimitar el alcance objetivo y subjetivo de los hechos".

Por eso, y vista la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número ocho, el Supremo resuelve en este auto que "procede la devolución de la causa al juzgado de procedencia, a fin de que pueda tomar declaración al alcalde, único aforado ante esta sala, citándole como investigado si voluntariamente se prestase a ello, y tras la práctica de esa diligencia y las que de ella pudieran derivarse, individualizar los indicios que contra el aforado pudieran existir y que en tal caso justificasen el envío de una nueva exposición razonada".

Así, y ya en la parte dispositiva de su auto, el Supremo acuerda devolver al juzgado su propia exposición razonada "para que proceda conforme a lo expuesto", considerando en paralelo que "no ha lugar, por el momento, a la apertura de procedimiento penal contra el aforado" José Luis Sanz.

Estas diligencias judiciales concretas se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número ocho, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que ya en 2015, el Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

NUEVA CAUSA

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial y en las que se encuadra el citado auto del Supremo, se centran en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio de 2017, según el cual "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".

VARIOS INVESTIGADOS

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.

En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenoriza quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, precisando que "un investigado es aforado", en relación a José Luis Sanz y su condición de senador. Dados los "indicios que pesan" sobre Sanz, al que la Fiscalía atribuye la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", el Ministerio Público exponía que "debe procederse" conforme a lo reglamentado para este tipo de casos.