El TSJCV sobresee provisionalmente la causa contra exconcejal del PP en Valencia por blanqueo

Tras valorar las declaraciones y la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción 18, que según recoge la resolución no guarda relación con Domínguez ni con los hechos por los que se le investiga, la magistrada concluye que procede el sobreseimiento provisional porque "de lo actuado hasta la fecha no resulta una imputación de delito con suficiente respaldo probatorio" como para concluir la instrucción, procesarle y dejar la causa preparada para juicio, ha informado el TSJCV.

El TSJCV opta por el sobreseimiento provisional (cabe la reapertura) y no por el sobreseimiento libre (archivo definitivo) porque considera que los hechos descritos en la exposición razonada elevada por el instructor del 'caso Imelsa' tienen apariencia delictiva y no existe certeza de la inexistencia del hecho investigado.

Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos que desvirtuasen las razones en las que se basa el archivo, indicios que "con consistencia o solidez, sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo".

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario regional, investigado por la entrega de 1.000 euros al grupo municipal del PP para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias "ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación" de Domínguez en los hechos investigados, en un operativo diseñado para blanquear dinero mediante la entrega de los 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de supuesta procedencia ilícita.

En el auto notificado este viernes a las partes, la magistrada recuerda que la Sala sólo se declaró competente para investigar al exconcejal y diputado por los hechos relatados en la exposición razonada elevada por el juez instructor del Caso Imelsa, el titular de Instrucción 18, por el delito de blanqueo de capitales y no por delito electoral.

La decisión del TSJ llega después de que la instructora haya practicado todas las declaraciones solicitadas por el fiscal. Tras interrogar al investigado (imputado) y a siete testigos a petición del Ministerio Público, la jueza otorgó un plazo a las partes para que indicaran el nuevo paso que había que dar en la investigación. La defensa de Domínguez solicitó el sobreseimiento y el fiscal no presentó ningún escrito.

Para ello, el juez instructor, señala el TSJCV, deberá agotar la investigación hasta hallar no sólo indicios de delito, sino de la participación del aforado en el mismo. El auto recoge que "se podrá remitir nueva exposición razonada a la Sala, remisión que se efectuará si, agotada la instrucción, constan indicios sólidos contra la persona aforada surgidos de esos nuevos datos que, adquiridos con posterioridad, así lo aconsejen o lo hagan preciso".

"Para ello, lógicamente, habrán debido practicarse todas las diligencias de investigación necesarias en orden a permitir una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de infracción penal, sino de los que pueda haber de participación en ella del aforado", agrega.

El pasado mes de octubre la Sala lo Civil y Penal se declaró competente para investigar al parlamentario regional por los hechos descritos por el juez del 'Caso Imelsa', el titular de Instrucción 18, en la exposición razonada elevada al Alto Tribunal Valenciano.

En la misma, el magistrado relacionaba los indicios existentes contra Domínguez en la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia cometido mediante las donaciones de 1.000 euros efectuadas por exconcejales, concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Aquella decisión del TSJCV se produjo después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por los mismos hechos. El fallecimiento de Barberá tras su declaración en el TS derivó en el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal.

El TSJCV se declaró entonces competente para investigar al exconcejal y diputado sólo por los hechos relatados en la exposición razonada, es decir, por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del Caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

LOS INDICIOS CONTRA DOMÍNGUEZ

La causa contra Domínguez --que tras abrirse la causa abandonó el grupo popular en las Corts, pasando a no adscritos-- tiene su origen en la exposición razonada que el juez del caso Imelsa elevó al TSJ el pasado mes de mayo. El titular de Instrucción 18 de Valencia entendió que habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afectaba a la ex alcaldesa.

La investigación por delito electoral y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, delito electoral y blanqueo.