El TSJC investiga al exconseller Gordó por el supuesto cobro de comisiones ilegales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación al exconseller de Justicia y diputado de JxSí en el Parlament, Germà Gordó, por su supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales de CDC, en la que también se investiga a dos extesoreros convergentes.

La Sala Civil y Penal del TSJC se ha declarado competente para investigar a Gordó --dada su condición de aforado al ser diputado-- y ha abierto diligencias contra él por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La decisión llega después de la petición de apertura de diligencais al TSJC por parte del juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3%, y que seguirá con la causa sobre el resto de investigados porque la abierta al exconseller puede hacerse "con autonomía y sustantividad propia".

Gordó supuestamente medió para requerir "cuantiosas donaciones" a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona, según el juez.

NEGOCIOS CON EMPRESARIO

Gordó consiguió presuntamente que Copisa donase 100.000 euros en 2012 a estas fundaciones afines a CDC a cambio de que el Consorci d'Educació de Barcelona --integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento-- adjudicase a esta empresa el mantenimiento de diversos edificios escolares por 4,7 millones de euros.

El ahora diputado también medió supuestamente para que la Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicase a una unión temporal de empresas, de la que formaba parte Copisa, las obras en un dique de la infraestructura portuaria por 39 millones de euros.

En ambos casos, Gordó presuntamente "negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y las entregas correspondientes" con el que era consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, también investigado.

Gordó supuestamente también logró que la constructora Pasquina donase a Catdem y Fòrum Barcelona 147.000 euros entre 2014 y 2015 a cambio de que la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Gisa) le adjudicase obras de mejora en la carretera C-55, por 2 millones de euros, y otros trabajos de conservación en carreteras en Berga (Barcelona), en este caso por 7,2 millones.

El TSJC destaca que Gordó obtuvo "diversos regalos personales" de la empresa Oproler, aprovechando sus relaciones personales y políticas con el responsable de la firma Josep Maria Bassols, y pudo mediar para que Gisa les adjudicara unas obras en el instituto Lluís de Peguera de Manresa (Barcelona) por 2,6 millones de euros en octubre de 2012.

LA EXPOSICIÓN RAZONADA

El juez de El Vendrell remitió al TSJC una exposición razonada con todos estos indicios delictivos que detectó durante la investigación, especialmente en las diversas entradas y registros practicadas en la sede de CDC, fundaciones afines, empresas y domicilios particulares.

Especialmente, el escrito del juez aludía a la aparición del nombre del exconseller en agentes y en libretas con anotaciones manuscritas y demás documentos, además de las declaraciones judiciales de varios de los investigados y testigos.

Gordó, ahora diputado de JxSí en el Parlament, fue secretario del Govern de la Generalitat (2010-2012) y conseller de Justicia (2012-2016), después de haber sido gerente desde 2004 hasta 2011 de CDC y miembro del consejo de administración de la empresa pública Gisa.

El TSJC --que ha designado como instructor de la causa al magistrado Enric Anglada,--- recuerda que rechazó la primera petición de abrir diligencias contra Gordó porque creía que no se había acabado la investigación, sobre todo sobre la indagación de si las anotaciones en las agendas se referían a encuentros realmente mantenidos con el político.

Ahora, la nueva exposición razonada, concreta que algunas de las personas que hicieron esas anotaciones confirmaron que efectivamente se referían a Gordó, a lo que añade la declaración de dos testigos protegidos que dan "verosimilitud" a las acusaciones.

El TSJC también alude a que la secretaría del Govern la Generalitat contestó a un requerimiento del juez que no consta que la agenda oficial de la época de Gordó como secretario del Govern esté en el archivo y que no han podido recuperarla tampoco en formato electrónico.