El TSJC investiga a Forcadell por desobediencia al TC desde el Parlament

Según han informado fuentes judiciales, el tribunal admite la querella de la Fiscalía, que pedía citar a declarar a Forcadell como investigada por haber adoptado acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico "con total desprecio a la Constitución" y a los pronunciamientos del TC, aunque todavía no hay fecha para su declaración.

La sala de admisión de lo civil y penal, formada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Maria Eugènia Alegret, se reunió este lunes durante más de tres horas para deliberar sobre la querella, que considera que Forcadell permitió aprobar una resolución que trata de desvincular a las instituciones catalanas del sistema constitucional, "dinamitando el sistema de distribución de competencias" estatales.

La magistrada instructora Maria Eugènia Alegret será la encargada ahora de seguir con la instrucción de la querella, después de considerar el TSJC en un auto que en este estadio "la valoración debe limitarse a un juicio de verosimilitud sobre la calificación delictiva de los hechos denunciados y su presunta atribución al querellado o denunciado".

No obstante, matizan que en este momento procesal no pueden ni deben "ofrecerse mayores explicaciones ni probanzas, en tanto la resolución de admisión es precisamente la que abre la investigación judicial".

Un funcionario judicial se ha personado a las 11.02 horas en el Parlament, tal y como estaba previsto, y ha notificado a Forcadell la decisión cuando estaba reunida en la Junta de Portavoces, y ahora tiene tres días para presentar un recurso de súplica.

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó la semana pasada la querella al TSJC --por la condición de aforada de Forcadell--, en la que el fiscal superior, Jose María Romero de Tejada, la acusa de haber adoptado acuerdos "claramente contrarios al ordenamiento jurídico".

Según él, Forcadell actuó con "una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución" y de los pronunciamientos del Constitucional.

Forcadell impulsó un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia y "extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos", sostiene la querella.

LOS ANTECEDENTES

El pleno del Parlament aprobó el 27 de julio --con el apoyo de JxSí y la CUP-- las conclusiones que apostaban por impulsar un proceso constituyente en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había avisado de que esta iniciativa vulneraría la Constitución, con lo que había pedido a diputados y miembros de la Mesa impedir la votación.

Las conclusiones contemplaban que Cataluña impulse un proceso hacia la independencia y diseñar un mecanismo unilateral de ejercicio democrático para que los catalanes refrenden el Estado catalán, y recoge que "las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal".

A propuesta de Jordi Turull (JxSí) y Anna Gabriel (CUP), Forcadell permitió modificar las previsiones del Pleno e incluir en el orden de ese día la votación sobre las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

"PLAN PRECISO PARA LA SEDICIÓN"

Todo deriva de la aprobación el 9 de noviembre de 2015 de una resolución sobre el inicio de un "proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", que el Gobierno central impugnó y finalmente el TC la declaró inconstitucional y nula en su totalidad.

La resolución contemplaba crear, entre otras, la comisión de Estudio del Proceso Constituyente, cuyas conclusiones aceptó Forcadell que se votasen "a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional".

Para la Fiscalía, la votación implica avanzar en el desarrollo de la resolución suspendida y en la aplicación de la misma, con la finalidad de abrir un proceso constituyente "concretando un plan preciso para la secesión".

La querella la ha presentado el fiscal superior de Cataluña después de que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le ordenase interponerla.