Susana Díaz espera consenso en la renta mínima de inserción e IU pide presupuesto suficiente y agilidad administrativa

Así se lo ha trasladado a la presidenta el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, en el transcurso de la pregunta dirigida a Susana Díaz que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz celebrada en el Pleno del Parlamento, y que ha centrado en la renta mínima de inserción social que la jefa del Ejecutivo andaluz anunció en su comparecencia de hace dos semanas en la Cámara autonómica.

El líder de IU en Andalucía ha saludado el "objetivo loable" de erradicar la pobreza que persigue dicha renta, pero ha pedido "concreción" al respecto de la misma a la presidenta, a quien, por ello, ha preguntado por el criterio con el que desde el Gobierno se ha calculado en unas 42.500 las familias beneficiarias de la medida, así como "por qué se establece un máximo del 125 por ciento del Iprem como ayuda, lo que significa que a partir del cuarto miembro de la unidad familiar ya no supone un aumento de ingresos para gente que está en situación de extrema pobreza".

Maíllo también ha preguntado a Díaz "por qué establece un máximo de prestación de doce meses cuando la pobreza no dura un año", y si "realmente piensa que se va a pagar a partir del 1 de enero de 2018".

La presidenta de la Junta ha defendido en su primer turno de palabra, en respuesta al portavoz parlamentario de IULV-CA, que el Gobierno andaluz actual es un "equipo nuevo" pero que mantiene "las mismas prioridades" que el Ejecutivo autonómico del que formaba parte la federación de izquierdas en la anterior legislatura, y entre las que figura la de combatir la pobreza, que ha aumentado durante la crisis y por las "políticas de austeridad", según ha añadido.

Susana Díaz ha explicado que "serán más de 42.500 familias" las beneficiarias de esta renta, si bien no ha dado un dato más preciso porque dependerá de lo que determinen "los servicios sociales en función de las familias que reúnan las condiciones", según ha añadido.

Además, ha indicado que, tras el periodo inicial de doce meses, "tendrán que evaluarse de nuevo las condiciones de las familias", para ver "si siguen estando en el umbral de la pobreza o de exclusión social, o tienen otro tipo de situación familiar".

"GOBIERNO SENSIBLE"

De igual modo, la medida contempla la posibilidad de ampliarse en seis meses más para personas en situación de "extrema vulnerabilidad" como mujeres víctimas de violencia de género o familias monoparentales con hijos a su cargo.

La presidenta se ha mostrado "convencida de que iniciativas como ésta lo que garantizan es que cuando los ciudadanos en Andalucía lo pasan mal no es lo mismo que se gobierne desde la izquierda, con un Gobierno sensible" como el suyo a que lo haga "uno que dé la espalda a los ciudadanos".

Maíllo ha replicado a Susana Díaz aseverando que la "praxis" del Gobierno andaluz de ahora "no es la misma" que la del Ejecutivo anterior, y ha aludido a datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan, según ha apuntado, que "el 44,3 por ciento de los niños andaluces --un total de 718.196-- se encuentran en situación de pobreza relativa", y "un 22,6 por ciento de la población infantil en pobreza severa", lo que supone un total de "366.393 niños".

Al respecto, el representante de IULV-CA ha mantenido que, tal como está planteada, la renta mínima sólo alcanzaría "al 30 por ciento de familias en pobreza extrema", y ha alertado del riesgo, a su juicio, de que el Gobierno piense que "cambiando el nombre se resuelven las carencias de un modelo", el del ingreso mínimo de solidaridad.

MAÍLLO: "NO NOS SALEN LAS CUENTAS"

Al hilo, Maíllo ha reclamado a la presidenta de la Junta "mecanismos de agilización administrativa" para la renta mínima de inserción, así como le ha preguntado "cómo se hace compatible esta nueva iniciativa con los compromisos de bajada de impuestos con sus socios de gobierno", en alusión a Ciudadanos (Cs).

"¿Dónde está la bolita?", le ha preguntado el líder de IULV-CA, que ha aseverado que "el regalo fiscal a Cs en los Presupuestos de 2017 de 245 millones de euros no casa con la aplicación de 250 millones de euros que estiman que debe gastarse durante cada año en el periodo de 2018-2021 para la renta mínima de inserción". "A nosotros no nos salen las cuentas", ha incidido Maíllo, para añadir que todo esto le sonaba "un poco a trilerismo político".

Así las cosas, ha concluido señalando que "estamos abordando un plan a todas luces insuficiente", si bien ha garantizado que IULV-CA va ser "favorable a la renta mínima de inserción si tiene carácter de suficiencia presupuestaria, adecuación a las necesidades y atención a la erradicación de la pobreza severa, y no tiene limitación temporal".

Susana Díaz ha comenzado su último turno negando que la renta mínima de inserción sea "la sustitución del salario social", porque "la dotación presupuestaria del salario social es 78 millones de euros y la renta mínima va a necesitar más de 200 millones".

La presidenta ha explicado que para la puesta en marcha de esta iniciativa ella misma ha escuchado y dialogado con agentes sociales como sindicatos que trajeron al Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre la cuestión, y ha manifestado que espera que "pueda entrar en vigor en enero, y que en seis meses más de 42.500 familias se puedan estar acogiendo al programa".

También ha diferenciado entre situaciones de "pobreza extrema y relativa", aclarando que las familias en riesgo de pobreza extrema "están por debajo de los 3.000 euros al año", por lo que "no hay un 44 por ciento de niños en esa situación en Andalucía".

POLÍTICAS PARA COMBATIR LA POBREZA

Susana Díaz ha afirmado que su Gobierno "utiliza todas las políticas" a su alcance "para combatir la pobreza", tanto "de manera directa como indirecta", y tras insistir en que la dotación y el número de perceptores de la renta mínima "es revisable", ha aludido a otras medidas del Gobierno andaluz como las de garantizar "tres comidas al día" desde los colegios, las becas para el comedor y el transporte escolar, las bonificaciones en la universidad o la "atención a la Ley de la Dependencia a pulmón".

Ha señalado que para costear todo eso "hacen falta ingresos", y al hilo ha aludido al modelo de financiación, apelando a un modelo "justo" y señalando que le gustaría que IULV-CA se sumase a la mesa que ha propuesto que se cree en el Parlamento "para defender los intereses de Andalucía".

Y respecto al acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE-A y Cs, Susana Díaz ha defendido que ha servido, en primer lugar, para "dar un Gobierno a Andalucía", al tiempo que ha subrayado que ella defiende, también ante el partido naranja, un "modelo fiscal progresivo donde cada uno aporte en función de lo que tiene".